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El sindicato confía en que la próxima corporación contrate a este personal

La oposición votó a favor de buscar una solución para estos empleados cuando se llevó el asunto al Pleno, en noviembre

Eva María Lahoz

Lunes, 2 de marzo 2015, 00:50

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Para el sindicato CC OO, el cambio normativo por parte del Gobierno central supone un jarro de agua fría para las esperanzas de los colaboradores sociales de regularizar su situación en el Ayuntamiento de Alicante.

Además, critican que no han recibido ninguna comunicación por parte del equipo de gobierno acerca de los cambios introducidos por el Real Decreto 17/2014, pese a que, además de iniciar el procedimiento de denuncia en la Inspección de Trabajo, fueron varias veces las que manifestaron su preocupación por la situación de este colectivo al concejal de Recursos Humanos.

De hecho, esta preocupación llegaron a trasladarla a un Pleno, a través del grupo municipal de EU, en el que el edil Juan Seva les dijo que estaban «estudiando» lo que tenían que hacer con los colaboradores sociales tras el cambio de jurisprudencia.

El resto de grupos políticos sí que apoyaron la propuesta de regularización lanzada por el sindicato.

Por eso, en CC OO confían en que la nueva corporación municipal que salga de las elecciones de mayo «sea más sensible» con la situación de estos trabajadores y les regularice, haciéndoles un contrato normal.

«Se dan situaciones muy injustas porque, en función del momento de la percepción del desempleo en el que han contratado a una persona como colaboradora social, varía muchísimo lo que cotizan para su jubilación», explica Sergio Casares, de CC OO.

Y es que en la mayoría de los casos del Ayuntamiento de Alicante, los colaboradores son personas mayores de 55 años, que percibían la prestación mínima, que es por lo que cotizan, aunque luego el Consistorio complete su sueldo hasta alcanzar el del puesto que desempeñan.

Por el momento, tienen las manos atadas y no pueden hacer nada más por mejorar su situación. En opinión de CC OO, solo podrían denunciar en el caso de que les despidieran, para intentar cobrar la indemnización completa que le correspondería a un trabajador normal.

«El decreto del Gobierno les ha dejado sin alternativas. No pueden dejar el trabajo porque les quitan la prestación y tampoco ven perspectivas de que les puedan regularizar en algún momento. La mayoría son mayores y no van a tener apenas jubilación, por lo poco que cotizan», indica Casares.

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