El PP vota en contra de suspender la tramitación del proyecto de Ikea

El gobierno popular del Ayuntamiento de Alicante , con mayoría absoluta, ha votado hoy en contra de la propuesta de la oposición de instar a la Generalitat a suspender la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que prevé la implantación de la multinacional Ikea en el barrio de Rabasa.

El grupo popular sostiene que, en virtud de los informes técnicos solicitados y recibidos, el consistorio carece de competencia para cualquier desistimiento en esa materia y que la renuncia al citado proyecto debe partir de la sociedad promotora, en la que participa el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal.

La propuesta de demandar la paralización de esa actuación ha sido formulada durante la sesión plenaria municipal correspondiente al mes de febrero, en la que el PP ha rechazado también la primera parte de una moción de UPyD en la que se pedía la creación de una comisión específica del pleno para proponer, analizar y estudiar las alegaciones a la ATE de Ikea.

En cambio, los populares han aceptado la segunda parte de esa moción por la que se solicitará informes previos del Consejo Local de Comercio y del Consejo Social de la ciudad en relación con la llegada de Ikea.

EU ha reiterado que el proyecto de Ikea en Rabasa es "un pelotazo estratégico para los intereses del presunto corruptor del caso Brugal, Enrique Ortiz", especialmente en lo referente a los terrenos de las lagunas.

Tras afirmar que la llegada de Ikea a Rabasa está "bajo sospecha judicial", EU ha incidido en la necesidad de buscar otras alternativas y emplazamientos, como el polígono industrial de las Atalayas.

Por su parte, UPyD ha asegurado que el mencionado proyecto supondría "triplica" la superficie comercial y ha abogado por la unidad de todos -partidos políticos y sociedad alicantina- para diseñar una postura común respecto al proyecto de Ikea.

Según UPyD, la zona de Rabasa es la de "mayor accesibilidad en la provincia de Alicante ", por lo que la implantación de Ikea en esa ubicación requiere, a su juicio, de "un estudio serio e imparcial".

A su vez, el grupo socialista ha defendido la estructura del tejido comercial de la ciudad y, al mismo tiempo, la implantación de Ikea pero no en los terrenos de Rabasa, además de reclamar a los populares que se "liberen de las cadenas que les tienen atados a Ortiz".

En réplica, la concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Marta García-Romeu (PP), ha subrayado que el alcalde "lidera todo el proceso de alegaciones junto con los comerciantes una vez que salga a exposición pública" la ATE.

"La hoja de ruta" ya está marcada y "exigiremos junto a los comerciantes, a través de las alegaciones, todas las reivindicaciones que ellos nos han manifestado" ha dicho García-Romeu.

Incluso, el propio alcalde ha tendido la mano a la oposición para ir de la mano del PP y de los comerciantes en las alegaciones.

Durante el pleno, el PP ha rechazado la declaración institucional de UPyD en la que se pedía la reprobación del concejal popular Juan Seva por su condena por el caso Lucentum.

En una sentencia no firme, un juzgado de lo Mercantil ha inhabilitado a Seva y a otros miembros de la comisión ejecutiva del consejo de administración del Lucentum para administrar bienes ajenos durante dos años, al ser considerados culpables del concurso de acreedores del club tras detectarse irregularidades contables.

La oposición ha exigido a Seva que asuma sus "responsabilidades políticas" derivadas de esa resolución judicial y que dimita, ante lo cual el alcalde, el popular Miguel Valor, ha vuelto a manifestar su "total confianza" en él y ha recordado que renunció a las concejalías de Hacienda y Vivienda tras conocerse la sentencia.

Igualmente, los populares han votado en contra de una moción socialista en la que proponía la creación de una comisión no permanente del pleno para analizar los contratos públicos de la Concejalía de Atención Urbana, gestionada por Andrés Llorens (PP).

Los socialistas han denunciado que este área es "un pozo negro" donde "más asuntos turbios" son investigados por la Justicia, UPyD ha exigido que imperen la "transparencia" y el "mérito" en esos contratos y EU ha pedido nuevamente la dimisión de Llorens, "procesado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por la adjudicación de unas obras".

Frente a esas consideraciones, Llorens ha alegado que la creación de esa comisión colapsaría el área de Atención Urbana, ya que habría que analizar uno a uno los 120 contratos que gestiona dicha concejalía.

También ha reprochado a la oposición no haber ejercido, según él, "como se le ofreció" en su momento, su derecho a revisar las contrataciones con sus propios técnicos.