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La alarma en el Palau por Valmor

La investigación del fiscal dispara la inquietud en el Consell por la aplicación de la línea roja en el caso de que se produzca una imputación

J. C. FERRIOL

Viernes, 19 de diciembre 2014, 12:05

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9 de diciembre de 2011. El Gobierno valenciano, reunido en sesión plenaria y constituido como junta general de accionistas de Circuit del Motor, acuerda la compra del 100% de las acciones de Valmor, la empresa que hasta ese momento gestionaba el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia.

La decisión la adopta el Consell con su presidente Alberto Fabra a la cabeza. También forman parte de aquel Ejecutivo la entonces vicepresidenta, Paula Sánchez de León, y los consellers José Císcar, Isabel Bonig, José Manuel Vela, Serafín Castellano, Luis Rosado, Jorge Cabré, Lola Johnson, Enrique Verdeguer y Maritina Hernández.

De todos ellos, sólo tres, Fabra, Císcar y Bonig, siguen formando parte del Gobierno valenciano. Y es a ellos a los que la investigación abierta por la fiscalía por la compra de esta firma por menos de un euros, aunque, eso sí, a cambio de asumir un agujero que se estima cercano a los 50 millones, puede generar una situación más delicada.

Es cierto que la denuncia que da origen a la investigación de la fiscalía se centra en el contrato de compraventa de participaciones sociales de Valmor Sports S.L., suscrito el 7 de marzo de 2012 por Circuito del Motor, como comprador, y Worldwide Circuit Management S.L., como vendedores. Ese es el motivo por el que los responsables del consejo de administración del Circuit, presidido por Lola Johnson y con Luis Lobón, Bruno Broseta, Mateo Castellá, José López Jaraba, Eusebio Monzó y Rafael Ripoll, como vocales, son los que más posibilidades tienen de verse directamente salpicados por la investigación judicial. El ministerio público ha solicitado diversa información al Circuit del Motor y la impresión extendida en el entorno del Palau de la Generalitat ratifica que la investigación avanza con cierta celeridad.

Pero el origen de la decisión del consejo es, obviamente, el acuerdo del Consell constituido como junta general de accionistas. Y en ese ámbito, todos los miembros de aquel Ejecutivo podrían tener que hacer frente, si así lo determina la investigación, a responsabilidades judiciales.

En el entorno del Gobierno valenciano la inquietud es evidente. No tanto porque se considere que la decisión adoptada conduzca de forma inevitable a un procedimiento judicial del que se puedan extraer consecuencias penales, se sostiene que la decisión alternativa a la compra de Valmor habría sido más onerosa para las arcas públicas, y que también habría podido dar lugar a una causa judicial, sino porque mucho antes de que un juez pudiera tomar la decisión de considerar que no existe ninguna irregularidad, cabe la posibilidad de que un juzgado asuma el criterio del ministerio público y abra un procedimiento judicial en el que se puedan ver directamente afectados los miembros de aquel Consell. Y entre ellos, como no, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la consellera de Infraestructuras y actual coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, y el vicepresidente José Císcar.

La línea roja

"El problema es la línea roja", admite un alto cargo del Consell. Aunque desde el Palau se subraya que el ministerio público también está dirigiendo su investigación hacia la etapa de Francisco Camps, al entender que la decisión que ?obliga? a comprar Valmor tiene su origen en la operación diseñada por el anterior Consell para dar forma a la organización de la Fórmula 1, resulta obvio que si un juzgado apunta a Fabra, Bonig y Císcar, la posibilidad de que exista una imputación existe. Y el escenario que generaría una situación como ésta ?con la línea roja con la que el líder del PPCV ha actuado ante sus cargos imputados? resulta más que delicada. Ignacio Blanco (EU) ya advirtió ayer de que este caso es una "bomba de relojería que acabará explotando" y que "puede llevarse por delante a Alberto Fabra y su candidatura".

El presidente, por su parte, proclamó que no está nervioso por la investigación en marcha, que los acuerdos adoptados contaron con los informes favorables de la abogacía de la Generalitat y que tanto la fiscalía como el tribunal de cuentas han contado y seguirán contando con toda la colaboración del Consell. Las fuentes del Palau consultadas subrayaron que el origen de esta investigación se encuentra en las decisiones adoptadas por el Consell presidido por Francisco Camps. "Acabaremos pagando otra vez por algo que se decidió en la etapa anterior", se admitió con cierta desazón. Otras fuentes del Ejecutivo consideraron ayer, por contra, que existen argumentos jurídicos para considerar que la investigación no derivará en la imputación de los tres miembros del actual Consell que aprobaron aquel acuerdo.

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