El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa , instó ayer a Las Cortes a aprobar de una vez una Ley Estatal de Mediación Judicial con el fin de reducir el número de conflictos que precisan de juicio para su resolución.
«Se trata de dejar en manos de la sociedad civil la solución a problemas que no siempre deben venir impuestos por la Justicia», afirmó, antes de inaugurar el II Congreso de Derecho Penal de Alicante, organizado por la Audiencia de Alicante a través de su presidente, Vicente Magro.
Precisamente, este último se mostró satisfecho de la experiencia piloto que han llevado a cabo en los dos últimos años la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión de la Audiencia y un Juzgado de lo Penal de Alicante para delitos menos graves.
En 35 de los 50 casos las partes accedieron a someterse a la mediación de un abogado y un psicólogo para solventar sus diferencias. Y de esos 35 casos, en un 63% se alcanzó un acuerdo satisfactorio. Y en un 90% de estos últimos hubo una reparación económica para el denunciante.
Para De Rosa , «la mediación judicial» debe ser una de las tres respuestas que los poderes públicos deben ofrecer para hacer frente a los cerca de diez millones de asuntos judiciales que anualmente entran en los juzgados españoles.
La mayoría de los asuntos escogidos por el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, Miguel Herrero, eran delitos de impago de pensiones entre parejas divorciadas, en concreto 13.
Otros ocho pleitos se referían a delitos de lesiones y cinco por robos con fuerza. El resto fueron por apropiación indebida (3), estafa (2), daños (2), injurias y acoso laboral.
De este programa de mediación quedaron excluidos desde el principio los casos de violencia de género y las agresiones sexuales.
