VICENTE LLADRÓ VALENCIA

En la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio crece el criterio de que los agricultores son los mejores cuidadores del entorno y deben ser remunerados por esa labor, sobre todo cuando cada vez resulta más evidente que no pueden vivir de las producciones que realizan en sus campos, por lo que se multiplica el cierre de explotaciones y eso altera el paisaje.

Al menos ese es el punto de vista de Arancha Muñoz, directora general de Paisaje de dicha conselleria, según puso de manifiesto esta semana en una charla organizada por la Fundación Gea sobre los problemas de entendimiento que plantea el binomio «Agricultura y Medio Ambiente».

Los nuevos conceptos que impartió la directora general sonaron a música celestial en un auditorio repleto de agricultores, habitualmente sufridores de la reiterada incomprensión oficial por su papel, y ahora agradablemente sorprendidos por las palabras halagüeñas de Arancha Muñoz, quien dijo además que no sólo era su parecer particular, sino que cuenta con el pleno respaldo de su conseller.

No obstante, queda aún trecho para que estas ideas novedosas acaben plasmándose en políticas concretas. Pero bueno es empezar, y los agricultores que las escucharon se felicitaron por ellas y se comprometieron en divulgarlas, para favorecer que acaben pasando de la teoría a la práctica.

Arancha Muñoz fue tajante al afirmar que los agricultores deben cobrar «por los servicios ambientales prestados» y que toda la sociedad ha de ser consciente de que hay que conservar la agricultura que queda y que conviene más pagar por conservarlo que tener que reinventarlo después. Citó que toda política moderna ha de estar impregnada de la idea central del desarrollo sostenible, pero que en el caso de la agricultura, en sociedades industrializadas, como en su mayor parte ya no es sostenible, económica y socialmente, debe serlo desde el punto de vista medioambiental, y ahí entran en juego los poderes públicos y el presupuesto oficial, para sostener lo que interesa a todos, no sólo a los agricultores.

Citó ejemplos emblemáticos de actuaciones en esta línea en los entornos de macrociudades como Boston, París y Milán, y señaló, por centrarse en los planes de protección de la huerta de Valencia, que esta deberá ser gestionada por sus habitantes y cultivadores, que tendrán un papel preponderante en el ente que en su momento se ponga en marcha para llevar acabo dicha protección.

Los agricultores que escuchaban a Muñoz quedaron realmente embobados, por lo inusual de encontrar a un gobernante que les hablara en su lenguaje y en defensa de sus maltrechos intereses. La directora general, que es urbanista y se formó en Pamplona y Harvard, llegó a señalar que los habitantes de la ciudad deben pagar un canon por conservar una huerta tan próxima, y que lo recaudado deberá ir a los bolsillos de los huertanos. De igual manera, los hoteles, colegios de alto nivel o cualquier otra iniciativa que decida instalarse en dicho espacio, deberán abonar cánones especiales para asegurar que el entorno se mantenga vivo, compensando a los agricultores.

También advirte que la mayor parte de las figuras de protección natural existentes (parques naturales) tienen normativas demasiado exigentes y poco eficaces, que acaban poniendo problemas a sus habitantes de siempre, por lo que las rechazan, cuando debería ser al contrario.

Juan Salvador Torres, secretario general de AVA-Asaja, también intervino en la charla, incidiendo en el secular divorcio entre agricultores y ecologistas radicales, porque estos han insistido repetidamente en que los primeros contaminaban, y se congratuló de que «ahora estén cambiando algo las cosas y no nos ven tan malos; hasta podemos ser necesarios y contribuimos a salvar cosas y a mantener la biodiversidad».