La red pública de salud mental en la Comunitat es claramente insuficiente, presenta importantes desequilibrios según zonas o departamentos y fomenta la apertura de residencias que no están apostando por la recuperación de los enfermos graves cuando su patología se ha estabilizado y cronificado.

Ésta es, a grandes rasgos, la fotografía que realiza la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental del País Valenciano (AEN-PV) sobre la oferta de recursos asistenciales. Un escaso catálogo de prestaciones que sigue en manos de dos administraciones públicas: la Conselleria de Sanidad y la de Bienestar Social, a pesar del rechazo de familiares y profesionales que quieren una red sociosanitaria que preste una atención integral y continua al usuario (tratamiento farmacológico, terapéutico y ocupacional, entre otros, dirigidos a intentar la reinserción social y laboral)

"El problema es el prejuicio que existe sobre la enfermedad mental. Se considera que la recuperación de los enfermos graves es imposible", denuncia el responsable de la AEN-PV, Mikel Munárriz, quien lamenta que la orientación de los recursos están orientados al ingreso en residencias donde "los enfermos crónicos están recogiditos y los tienen entretenidos".

Munárriz es el presidente de la asociación que integra a profesionales que trabajan en este campo en la Comunitat (psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, entre otros), y es además el responsable del Observatorio de Salud Mental. Una herramienta que permite actualizar y conocer la realidad de los servicios.


En recursos y personal
Según la asociación, la tasa de camas hospitalarias apenas ha mejorado en cinco años. Si en 2002 la ratio en la autonomía estaba en 5,74 camas por 100.000 habitantes, en 2007 se sitúa en 5,44. Esto supone un crecimiento de recursos hospitalarios mucho menor que el aumento demográfico que se ha registrado durante este periodo, lo que deja a la Comunitat en una tasa muy por debajo de la recomendada de 10 camas por 100.000 habitantes.

En personal, la situación se repite. En psicólogos la tasa está en 5,51 profesionales por 100.000 habitantes cuando cinco años antes era de 5,2, y frente a los 6,5 especialistas de media española que se registraba en 2003. Igual ocurre con los enfermeros (5,24, una décima menos que en 2002), los psicólogos (3,92 frente a 3,16 de cinco años antes) o los trabajadores sociales (1,15 profesionales por 100.000 ciudadanos frente a 1,27 en 2002).

Esta precariedad provoca, entre otros perjuicios, que los pacientes de la Marina Alta y del Medio y Alto Vinalopó tengan que desplazarse hasta el Hospital de Santa Faz cuando tienen que ingresar, y que el Hospital General de Alicante -centro sanitario de referencia en la provincia- debe recurrir al Clínico de San Juan al carecer de un recurso que, según Munárriz, ya tendría que disponer cada departamento.

Pero si la red coordinada por Sanidad presenta deficiencias y grandes desequilibrios entre áreas, la situación no mejora en el caso de los recursos adscritos a Bienestar Social para personas con patologías graves y que son de gestión concertada.

Según el responsable de la AEN, junto a los Centros de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS) y los centros de día gestionados por asociaciones de familiares, ONG, ayuntamientos o empresas, se está apostando por Centros Especiales de Enfermos Mentales (CEEM) que presentan "muchas deficiencias en la cobertura asistencial, que funcionan con el esfuerzo voluntarioso de profesionales mal pagados, y donde los usuarios no se recuperan".

Munárriz lamenta que Bienestar apueste por las residencias cuando hay alternativas que evitan la exclusión como son los pisos tuteladas y la atención a domicilio, dos recursos que buscan la autonomía del usuario. Ahora bien, para lograr la autonomía las administraciones y empresas deben fomentar el empleo. Y es que, actualmente, hay muchos jóvenes que viven con 300 euros al mes y que no tienen ninguna posibilidad de acceso al trabajo a pesar de estar capacitados.