Los eurodiputados españoles del PP y del PSOE, pese al cambio de posición que los socialistas han manifestado durante los últimos días, no consiguieron frenar ayer un nuevo informe contra el urbanismo español y valenciano.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó así el documento redactado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, que salió adelante con 24 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención con términos aún más duros que en su primera redacción. La resolución será votada por el pleno de la Eurocámara el próximo 26 de marzo.

El texto no incorporó ninguna de las enmiendas presentadas por los dos partidos españoles para suavizar el texto. El documento considera que en España existe "una corrupción endémica" y pide que se paralicen las ayudas de la Unión Europea a España hasta que se clarifiquen las presuntas irregularidades.

La petición de una moratoria urbanística quedó fuera del informe a cambio de instar a las autoridades españolas a que "revisen y controlen" todas las nuevas planificaciones "que no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".

El cambio de posición del PSOE ha llegado tarde. Los socialistas habían aprobado el Informe Fourtou y la resolución del Parlamento Europeo de 2007 contra el urbanismo valenciano. Sin embargo, anunciaron su intención de votar en contra del Informe Auken el pasado mes de enero en lo que supuso una modificación de su línea política.

El europarlamentario popular José Manuel García Margallo manifestó ayer que los socialistas han rectificado "pero tarde". "No han sido conscientes de las consecuencias que podía tener la política que han mantenido desde 2004", explicó.

Fue entonces cuando el PSPV promovió las denuncias contra el urbanismo valenciano ante la Comisión de Peticiones "para atacar a la Generalitat", sentenció García Margallo. "Gracias a los socialistas se ha ido creando con los años un clima de opinión que ahora es muy difícil combatir", recalcó.

Para los populares, el informe ha sido consecuencia directa de la política que el PSOE ha mantenido. El parlamentario popular José Manuel García Margallo afirmó que ahora "se recogen los lodos del polvo" levantado por los socialistas cuando apoyaron el Informe Fourtou (2005) y la resolución de la Eurocámara de 2007 contra el urbanismo valenciano".

"Sobre todo, ahora que los diputados británicos tienen cartas de ciudadanos de su país con quejas y faltan unos pocos meses para las elecciones, por lo que han actuado con lógica política", explicó.

Los socialistas, en cambio, tienen una versión diferente. La eurodiputada socialista Maruja Sornosa recalcó que es el Consell de Francisco Camps "quien tiene la mayor responsabilidad sobre el informe", ya que, en su opinión, "aún incumple las directrices europeas en materia urbanística".

Sornosa trató, de forma implícita, de justificar el cambio de posición de su partido. La eurodiputada recordó que su grupo apoyó tanto el Informe Fourtou, aprobado en 2005, como la resolución del Parlamento Europeo de junio de 2007, ya que había diferencias "sustanciales".

La parlamentaria explicó que el informe de Auken era general, mientras que el de Fourtou era muy concreto y respondía a unos hechos reales "como era la no correcta aplicación de la LRAU". En cambio, el de Auken vierte informaciones "que son falsas y que además ofenden", puntualizó.

Los dos partidos coincidieron ayer en que el voto de los diputados británicos y alemanes, independientemente de su filiación política, fue determinante para que el informe se aprobara al alinearse con las tesis de Auken.


Críticas
El informe llega a cuestionar la existencia de un Estado de Derecho en España como consecuencia de una "urbanización masiva". Duda de la vigencia del derecho de propiedad en España: "cree que la falta de claridad, presión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual (...) y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente" causan problemas relacionados con la urbanización que mezclados con "la laxitud en los procesos judiciales" (...) "han generado una forma endémica de corrupción".

García Margallo puntualizó que el informe propone una imagen de España "como una república bananera donde se puede expropiar sin indemnización". Para el eurodiputado, "las consecuencias económicas son muy graves", ya que España necesita inversión extranjera para salir de la crisis, "pero con estas noticias, ¿quién va a quere dejar su dinero en España?".

Sornosa coincidió en que el informe es "inadmisible" y resaltó que han intentado eliminar párrafos que dan a entender que España "es un Estado que no tiene en cuenta los derechos fundamentales" y los que hablan de suspender los fondos.

Ambos parlamentarios coincidieron en señalar que no se trata de un informe vinculante y de improbable aplicación. Las dos formaciones van a presentar resoluciones paralelas al informe. Sornosa indicó que tratará de conseguir el respaldo de otros diputados para frenar el informe.

García Margallo anunció que su grupo también propondrá un informe alternativo, pero se mostró escéptico sobre las posibilidades que tendrá de salir adelante.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, recalcó, por su parte, que el informe "no tiene acciones ejecutivas ni se traduce en acciones sancionadoras" y relativizó su importancia.

El informe aprobado ayer insta a las autoridades regionales a suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos "que no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental" y no garantizan el derecho de propiedad.

Pone en tela de juicio la designación de los agentes urbanizadores y "los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores". Según el informe, las islas y zonas costeras mediterráneas han sufrido una destrucción masiva en la última década.

El texto destaca que la Comisión Europea, a instancias de la de Peticiones, investiga 250 proyectos urbanísticos que tienen un informe negativo de las Confederaciones Hidrográficas.

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