Un centenar de proyectos por importe de 105 millones de euros. Estas son las actuaciones previstas por el equipo municipal de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante susceptibles de ser financiadas por el Gobierno central con cargo al Fondo Estatal para la Inversión Local, que pretende dinamizar la economía y el empleo. La alcaldesa Sonia Castedo presentó ayer la relación de estas intervenciones para mejorar la ciudad durante la celebración del pleno extraordinario solicitado por el grupo socialista con el fin de debatir la moción en la que se instaba a la alcaldesa a iniciar el procedimiento para la aplicación de estas ayudas estatales, de las que a Alicante le corresponden 57 millones de euros, pero que fue rechazada por el PP.

La relación de proyectos de mejora de infraestructuras del PP incluye muchas de las actuaciones contempladas por el equipo municipal de Gobierno desde hace más de cuatro años pero que no se han ejecutado y que ahora reclamarán para que las financie el Gobierno central. Entre ellas, la construcción del colector de la calle Arpón, la red de aguas pluviales en la calle Olimpo y adyacentes, actuaciones de urbanismo comercial en el centro tradicional, eliminación de barreras arquitectónicas, la renovación de aceras, pavimento y el alumbrado público en distintas zonas de la ciudad. También se incluyen proyectos que como la consolidación de las cubiertas y la rehabilitación de naves en la Fábrica de Tabacos, o las intervenciones en el Castillo de Santa Bárbara iban a ser financiados por la Generalitat dentro del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Alicante.

En cualquier caso, la relación de los proyectos que inicialmente se ha estimado que podrían beneficiarse de la financiación estatal se tendrán que perfilar hoy definitivamente para ajustarlos a los 57 millones que corresponden a Alicante. No obstante, la portavoz del Gobierno municipal, Marta García-Romeu, destacó que se presentarán al Gobierno actuaciones por valor superior a esta cifra, ante la posibilidad de que algunos proyectos de otras ciudades no fueran aprobados por algún motivo y quedara un remanente al que poder optar con proyectos alicantinos sí aprobados, pero que excedieran la cantidad destinada a la ciudad.

Entre los proyectos nuevos se incluyen al reurbanización de la plaza del Ayuntamiento, la creación de instalaciones deportivas en la Vía Parque, la segunda fase de las obras de Paseo Joan Fuster, la adecuación del entorno de la estación provisional de autobuses, o la mejora de los accesos desde el Paseíto de Ramiro y la avenida de Jaime II al barrio del Raval Roig y el caso antiguo, respectivamente.


Decreto trampa
Durante el debate en el pleno de la Corporación el portavoz del PSOE, Roque Moreno, defendió la propuesta socialista de que se destinara el 40% de los 57 millones de euros del fondo a las necesidades urgentes de los barrios y las partidas rurales, y el 60 % a proyectos singulares de interés municipal. "Unas inversiones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" y que, según resaltó, "deberán de sumar y no sustituir", en referencia a la falta de financiación del Gobierno autónomo de proyectos para la ciudad.

Moreno indicó que las ayudas del Gobierno central eran una oportunidad histórica para hacer frente a la crisis, puesto que con ellas se podrían crear cerca de 3.000 puestos de trabajo, y criticó que el PP no haya reclamado a la Generalitat las inversiones correspondientes a los 40 millones anunciados por la Generalitat para la rehabilitación de los barrios de la zona norte y los 45 millones para el Benacantil y la Fábrica de Tabacos. Sin embargo, a su juicio, el equipo municipal de Gobierno ha querido convertir el pleno en un simple trámite administrativo que no ha servido para nada.

La portavoz del PP, Marta García Romeu, consideró que la moción del PSOE era inviable y la tildó de manipulación. También aseguró que el Fondo Estatal de Inversión Local es una "trampa", puesto que "perjudica a los pequeños municipios" y añadió que "el Gobierno tan sólo ha dejado 34 días naturales para que los ayuntamientos encarguen, elaboren, presupuesten y aprueben los proyectos que se han de financiar", lo que les deja en una difícil situación a la que hacer frente.

Romeu argumentó, en contra de las críticas del portavoz socialista de que el PP ha elaborado los proyectos sin contar con la participación de los vecinos, que la relación de proyectos han sido consensuados con los distritos a través de los presupuestos participativos. También criticó que el PSOE no haya querido tratar este asunto con el PP.