El secretario de UGT-PV, Rafael Recuenco, fue muy rotundo ayer al señalar que con la movilización en marcha se busca "demandar soluciones tanto a las empresas, que son las que hacen los expedientes de regulación de empleo (ERE), algunos justificados pero otros sólo quieren limpiar plantillas, y a los poderes público, en este caso al Consell, que es el que tiene la obligación de aprobar o rechazarlos y en muchos casos los resuelve demasiado rápido sin atender a los trabajadores".

Y es que los datos no dejan lugar a dudas, durante este año se han casi triplicado los ERE en la provincia de Alicante, tal como revelan los datos facilitados por la secretaria general de CC. OO.-L'Alcantí-Les Marines, Consuelo Navarro, que contabiliza 266 expedientes de enero a octubre, frente a los 98 del mismo periodo del año anterior. Algo que también denunció su homólogo en UGT-L'Alacantí, Óscar Llopis.

Las organizaciones instan a las empresas afectadas por expedientes de regulación "que presenten proyectos industriales y planes de viabilidad de futuro, y que ante situaciones coyunturales no planteen medidas estructurales de rescisiones de contratos". Por su parte, a las administraciones les reclaman "más claridad y contundencia política para impedir estos comportamientos empresariales". Subrayan "se debe dar una respuesta clara de rechazo a todos aquellos expedientes que no vayan acompañados de un plan industrial de futuro", además de "una intervención más intensa con las entidades financieras".

CC. OO. y UGT creen que de "la misma forma que el sector bancario y de las cajas de ahorro tiene su plan de Gobierno español, exigimos la creación de un plan de rescate de la industria con la implementación de ayudas a la competitividad y de créditos, al que también debería sumarse el Consell".