La promotora valenciana Midascon ha entrada en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) tras la demanda interpuesta por una subcontratista a la que adeudaba una importante cantidad de dinero. Para algunos, la suspensión de pagos de esta constructora, con una decena de obras en marcha en la provincia, era una crónica anunciada.

A principios de este mes, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Pola ya había denunciado que los empleados de Midascon llevaban meses sin cobrar. Pero no fue hasta la noche del miércoles cuando se conoció la noticia de que la empresa concesionaria de la piscina municipal de Santa Pola ha entrado en concurso de acreedores y decretado la suspensión de pagos, dejando en la estacada a cerca de media docena de empresas subcontratadas.

"Me dejan una púa de 300.000 euros", denunciaba ayer el responsable de una de estas empresas, que explicó que su contrata acumula facturas pendientes con Midascon desde septiembre.

Trabajadores y representantes de las subcontratadas se presentaron ayer en la obra en la que han estado trabajando durante los últimos meses para reclamar, o llevarse, lo que consideran que les pertenece.

La situación derivó en algunos momentos de tensión que no pasaron a más por la presencia de varias patrullas de la Policía Local y Guardia Civil que fueron requeridas por el responsable de la empresa promotora propietaria del solar donde se levanta una obra que había reducido en los últimos días considerablemente su ritmo de trabajo. No obstante, se encuentra en un estado visiblemente avanzado.

Finalmente, de manera ordenada, trabajadores y subcontratados retiraron de las instalaciones sus utensilios y herramientas "para poder seguir trabajando", declaraban algunos, mientras otros, muy afectados, apostillaban que lo que "no sabemos es dónde".

Midascon era la gran apuesta para acaparar obra pública en los litorales de Valencia y Alicante de Juan Soler, ex presidente del Valencia, desde que en 2004 su grupo adquiriera el 60% de esta compañía. Ahora, tras el concurso de acreedores forzoso que ha impuesto un juzgado por el impago de una deuda a otro grupo empresarial, cerca de una decena de proyectos en la provincia de Alicante quedan en el aire.