Comunidad Valenciana
Por el momento, una decena de valencianos se han desplazado ya al país andino para testificar contra los cuatro presuntos timadores arrestados el miércoles. Otra decena lo ha hecho ya por videoconferencia, según indicaron fuentes judiciales chilenas.
¿Cómo es posible que las víctimas cayeran en una trampa que ha generado a los timadores beneficios de casi 11 millones de euros? El fiscal jefe de Rancagua encargado del caso, Servando Pérez Ojeda, ofreció algunos datos de la trama que ayer adelantó LAS PROVINCIAS.
El grupo de estafadores, dirigido por el chileno Claudio Rojas Alarcón, se ganó la confianza de los afectados a través de la empresa ITS Group Chile, con sede en Santiago. La promesa era la de adquirir fincas y terrenos a bajo precio procedentes de subasta en Chile para luego venderlos a un importe muy superior y ganar el triple de lo invertido. En definitiva, ITS vendía oportunidades, un supuesto negocio suculento a inversores valencianos, algunos de ellos particulares y otros empresas.
Según el fiscal chileno, las cantidades entregadas por las víctimas a Rojas y a su gente desde Valencia variaban. Y algunas cortan la respiración. "Hemos llegado a verificar dos entregas de dinero por valor de un millón de euros", explicó Pérez.
Para dar credibilidad ante los estafados, la red había elaborado desde 2006 multitud de recibos, escrituras e inscripciones en las oficinas de registro de la propiedad. Varios de estos documentos fraudulentos llevaban el sello de Arturo Carvajal Escobar, que en 2005 fue expulsado de la Corte de Apelaciones de Rancagua acusado de realizar inscripciones a nombre de personas inexistentes.
Para los estafadores tampoco suponía un problema que algunos de los inversores quisieran desplazarse a Chile a visitar los inmuebles o solares supuestamente adquiridos. En ese momento había que poner en marcha una nueva farsa añadida a la documentación falsa. "En el caso de que se tratara de solares, les mostraban un simple terreno agrícola para que pensaran que ese era el solar adquirido", explicó el fiscal encargado del caso.
Si la falsa adquisición era un inmueble, los estafadores mostraban a su inversor o cliente una casa que jamás habían comprado. Por lógica, "había veces que los dueños estaban dentro y entonces les decían que eran okupas pendientes de ser desalojados", detalló Pérez. Otras veces argumentaban ante sus víctimas que la propiedad en cuestión había sido alquilada para sacar un mayor rendimiento.
En el caso de que el interés del inversor sobre su adquisición fuera a distancia, la solución de los timadores era enviar por correo electrónico una fotografía de un inmueble ajeno y hacer creer que era la propiedad adquirida. En uno de los casos, llegaron a ofrecer a una de las víctimas el edificio de la embajada de Alemania en Chile.
Y a partir de ahí se formó una bola de nieve. Como realizaban pequeños adelantos de dinero a los inversores, estos pensaban que todo iba viento en popa, según explicó la fiscalía de O'Higgins.
Hoy es un día crucial para los investigadores chilenos, ya que Rojas y sus tres hombres de confianza se sientan en un tribunal de Rancagua que decidirá si ingresan o no en prisión por la estafa. Están acusados de estafa reiterada y falsificación de documentos públicos. El líder de la trama y otro de los detenidos, Luis del Río, también se enfrentan a cargos por ejercicio ilegal de profesión.
A la hora de valorar la magnitud de la estafa, el fiscal jefe de Rancagua, es tajante: "No recuerdo nada similar en Chile". La tarea en la que ahora trabajan los investigadores es la de desenmascarar el sitema de blanqueo creado por los estafadores para dar salida legal a sus gigantescas ganancias.
Como indicó la Fiscalía de O'Higgins (región chilena donde se ha desarrollado la operación), "los detenidos montaron empresas ficticias y sociedades por las que circularon parte de estos fondos. Con ellos adquirieron otros inmuebles y coches de lujo para su beneficio".
El jefe de la unidad de asesoría jurídica de la Fiscalía de O'Higgins, Rodrigo Ponce, aseguró que entre las víctimas hay "empresarios de nivel medio y alto, jubilados, pensionistas y hasta gente que se endeudó convencida de que las inversiones en Chile reportarían grandes beneficios".
Mientras, los estafadores engrosaban sus bolsillos y compraban bienes de lujo para dar salida a sus ganancias ilegales. Según Ponce, "hasta la fecha sólo se ha podido determinar un 20% de las operaciones de lavado de dinero realizado por el grupo. Del 80% de dinero restante, se desconoce su destino. Es lo que estamos intentando averiguar".
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