Izquierda Unida (IU) ha reabierto el debate sobre las incompatibilidades de los diputados y quiere que el Congreso prohíba de forma explícita a los diputados representar, asesorar o dar cualquier clase de servicios a empresas privadas relacionadas con su área de trabajo parlamentario, cobren o no por su labor.

Hasta ahora, la ley sólo contemplaba esta prohibición explícita de actividad no remunerada de los diputados en relación con las empresas públicas, bien para impedir que las asesorasen o bien para rechazar que pudiesen hacer gestiones encaminadas a la consecución de subvenciones o de algún servicio público.

La propuesta quiere evitar que los diputados asesoren o ayuden a empresas privadas sobre las mismas áreas de actividad -economía, régimen fiscal, agricultura, etc en las que ellos legislan o disponen de información privilegiada como ya ha ocurrido en varias ocasiones. IU considera que, con independencia de que cobren directa o indirectamente por ello, o no reciban retribución, es un comportamiento "poco ético" y "una colisión evidente entre los público y lo privado". La coalición reclama endurecer el régimen de incompatibilidades.