21.09.08 -
tribuna
La Generalitat gestiona y explota desde 1987, mediante la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), las líneas ferroviarias de nuestra Comunidad, que fueron traspasadas desde FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha). Durante todos estos años, los diferentes gobiernos autonómicos han realizado inversiones (contando con fondos de la UE y del Estado) en Valencia, siendo notable la inversión durante los últimos 7 años también en la provincia de Alicante, para modernizar estas líneas ferroviarias y la construcción otras muevas, que sin duda han mejorado el servicio de transporte a los ciudadanos.
En todo momento la inversión en infraestructuras ferroviarias y material móvil, que se ha realizado y que se está realizando, es pública. Sin embargo la Conselleria de Transportes pretende dar entrada a las empresas privadas en el sector ferroviario y ha decidido comenzar esta nueva-vieja política en Alicante. En los Talleres de FGV en El Campello: la Conselleria ha invertido 30 millones de euros, pero están trabajando dos empresas privadas manteniendo los trenes de FGV, a unos precios desorbitados, supuestamente porque ofrecen más fiabilidad. Lo cierto es que estas empresas tienen un escaso bagaje en mantenimiento, en comparación con las empresas del sector, y para dotarse de personal han recurrido a la oficina de empleo para contratar a jóvenes con corta experiencia. Mientras, los mismos trenes en Valencia son mantenidos con personal propio de FGV, con mucha más experiencia y mejores resultados que en Alicante.
El Consell crea una empresa mixta (manera dulce de llamar a la privatización) con el argumento de ahorrar un 20 % en el mantenimiento del material móvil. Pero la realidad es que actualmente los trenes y tranvías mantenidos públicamente son un 40% más baratos que los mantenidos de manera privada (sin contar con otros incentivos a estas empresas como la gratuidad de las instalaciones, luz,...).
Con la Línea 2 del TRAM (Alicante-San Vicente) ocurre algo parecido: la Conselleria de Transportes (con el dinero de todos los ciudadanos) realiza todas las infraestructuras para luego ofrecer la explotación a una empresa privada. A diferencia de otras comunidades autónomas y municipios, donde la inversión inicial en infraestructuras y material móvil la realizan un grupo de empresas, que a cambio de crear el servicio obtienen de la Administración correspondiente una concesión por determinado espacio de tiempo para recuperar su inversión.
En el caso de la Línea 2 existe un agravante más a la ya de por sí discutible pretensión de la Conselleria: la Línea 2 va a compartir un tramo de vía subterránea de 3 kilómetros con la Línea 1 de FGV. ¿Estaría garantizada la seguridad con dos empresas distintas transportando personas en el mismo tramo de vía? Desde nuestra experiencia ferroviaria no lo aconsejamos y ya adelantamos que de producirse, esta medida contaría con un fuerte rechazo por parte de los trabajadores de FGV.
Aquí la Conselleria pretende ir más lejos que nadie, liberalizando el transporte ferroviario de viajeros, cuando a nivel nacional y comunitario sólo se está liberalizando el de mercancías. ¿Qué intereses persigue con esta política la Conselleria?
Lo cierto es que no es nueva; la Historia ya nos ha enseñado sus consecuencias. Lo hemos podido ver recientemente, con toda su crudeza, en los ferrocarriles argentinos donde se suceden los retrasos, incidentes, falta de servicio y descarrilamientos. Todo ello producto de las privatizaciones que, entre 1991 y 1993, realizó el gobierno de Carlos Menem, con la falsa promesa de que mejoraría el servicio, aumentaría la seguridad y reduciría los costes (lo mismo que ahora promete la Conselleria de Transportes con el TRAM). Pero la realidad en aquellos ferrocarriles, al igual que sucediera previamente en Gran Bretaña, es que se encuentran con un servicio obsoleto y caótico, planteándose nuevamente la nacionalización de los mismos, después de que las empresas concesionarias (y algún que otro político) hicieron un magnífico negocio. Asistimos a la esencia del actual neoliberalismo: "privatizar beneficios y socializar perdidas". ¿Recuerdan Freddie Mae, en Estados Unidos?
Si, finalmente, la Conselleria insiste en sus planes de privatizar el TRAM, a la sociedad alicantina no le quedará más remedio que movilizarse para reivindicar un tranvía donde la rentabilidad social y la seguridad estén por encima de los intereses económicos de ciertas empresas privadas. De lo contrario sufriremos las consecuencias negativas de esta política y dentro de unos años será necesario rescatar al ferrocarril, a costa del dinero de los contribuyentes, aunque para entonces, seguramente, el señor Flores no será conseller de Infraestructuras y Transportes.
La Generalitat gestiona y explota desde 1987, mediante la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), las líneas ferroviarias de nuestra Comunidad, que fueron traspasadas desde FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha). Durante todos estos años, los diferentes gobiernos autonómicos han realizado inversiones (contando con fondos de la UE y del Estado) en Valencia, siendo notable la inversión durante los últimos 7 años también en la provincia de Alicante, para modernizar estas líneas ferroviarias y la construcción otras muevas, que sin duda han mejorado el servicio de transporte a los ciudadanos.
En todo momento la inversión en infraestructuras ferroviarias y material móvil, que se ha realizado y que se está realizando, es pública. Sin embargo la Conselleria de Transportes pretende dar entrada a las empresas privadas en el sector ferroviario y ha decidido comenzar esta nueva-vieja política en Alicante. En los Talleres de FGV en El Campello: la Conselleria ha invertido 30 millones de euros, pero están trabajando dos empresas privadas manteniendo los trenes de FGV, a unos precios desorbitados, supuestamente porque ofrecen más fiabilidad. Lo cierto es que estas empresas tienen un escaso bagaje en mantenimiento, en comparación con las empresas del sector, y para dotarse de personal han recurrido a la oficina de empleo para contratar a jóvenes con corta experiencia. Mientras, los mismos trenes en Valencia son mantenidos con personal propio de FGV, con mucha más experiencia y mejores resultados que en Alicante.
El Consell crea una empresa mixta (manera dulce de llamar a la privatización) con el argumento de ahorrar un 20 % en el mantenimiento del material móvil. Pero la realidad es que actualmente los trenes y tranvías mantenidos públicamente son un 40% más baratos que los mantenidos de manera privada (sin contar con otros incentivos a estas empresas como la gratuidad de las instalaciones, luz,...).
Con la Línea 2 del TRAM (Alicante-San Vicente) ocurre algo parecido: la Conselleria de Transportes (con el dinero de todos los ciudadanos) realiza todas las infraestructuras para luego ofrecer la explotación a una empresa privada. A diferencia de otras comunidades autónomas y municipios, donde la inversión inicial en infraestructuras y material móvil la realizan un grupo de empresas, que a cambio de crear el servicio obtienen de la Administración correspondiente una concesión por determinado espacio de tiempo para recuperar su inversión.
En el caso de la Línea 2 existe un agravante más a la ya de por sí discutible pretensión de la Conselleria: la Línea 2 va a compartir un tramo de vía subterránea de 3 kilómetros con la Línea 1 de FGV. ¿Estaría garantizada la seguridad con dos empresas distintas transportando personas en el mismo tramo de vía? Desde nuestra experiencia ferroviaria no lo aconsejamos y ya adelantamos que de producirse, esta medida contaría con un fuerte rechazo por parte de los trabajadores de FGV.
Aquí la Conselleria pretende ir más lejos que nadie, liberalizando el transporte ferroviario de viajeros, cuando a nivel nacional y comunitario sólo se está liberalizando el de mercancías. ¿Qué intereses persigue con esta política la Conselleria?
Lo cierto es que no es nueva; la Historia ya nos ha enseñado sus consecuencias. Lo hemos podido ver recientemente, con toda su crudeza, en los ferrocarriles argentinos donde se suceden los retrasos, incidentes, falta de servicio y descarrilamientos. Todo ello producto de las privatizaciones que, entre 1991 y 1993, realizó el gobierno de Carlos Menem, con la falsa promesa de que mejoraría el servicio, aumentaría la seguridad y reduciría los costes (lo mismo que ahora promete la Conselleria de Transportes con el TRAM). Pero la realidad en aquellos ferrocarriles, al igual que sucediera previamente en Gran Bretaña, es que se encuentran con un servicio obsoleto y caótico, planteándose nuevamente la nacionalización de los mismos, después de que las empresas concesionarias (y algún que otro político) hicieron un magnífico negocio. Asistimos a la esencia del actual neoliberalismo: "privatizar beneficios y socializar perdidas". ¿Recuerdan Freddie Mae, en Estados Unidos?
Si, finalmente, la Conselleria insiste en sus planes de privatizar el TRAM, a la sociedad alicantina no le quedará más remedio que movilizarse para reivindicar un tranvía donde la rentabilidad social y la seguridad estén por encima de los intereses económicos de ciertas empresas privadas. De lo contrario sufriremos las consecuencias negativas de esta política y dentro de unos años será necesario rescatar al ferrocarril, a costa del dinero de los contribuyentes, aunque para entonces, seguramente, el señor Flores no será conseller de Infraestructuras y Transportes.
