Las Provincias

València, 15 nov (EFE).- Podem propondrá en Les Corts que el impuesto turístico se recaude en un tramo autonómico fijo, que supondría unos ingresos de unos 30 o 40 millones de euros por una tarifa de entre 0,50 y 2 euros por alojamiento, y otro municipal que sería variable y cuya aplicación decidiría cada ayuntamiento.

El grupo parlamentario presentará mañana su propuesta en forma de enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, con el fin de que el impuesto se pueda implantar en 2018, según han explicado hoy el portavoz de Economía de Podem, David Torres, y la secretaria de Políticas Públicas, Rocío Segura.

El impuesto, según el planteamiento de Podem, contaría con un tramo autonómico fijo que sería destinado a la mejora de los servicios turísticos, las infraestructuras y las dotaciones, a impulsar las buenas prácticas laborales y la lucha contra la precariedad laboral en el sector, la lucha contra el intrusismo y el fraude en el alojamiento, y a la promoción del medio ambiente.

Quedarían exentos los menores de 16 años, las estancias por causas de fuerza mayor, las que sean por motivos de salud (enfermos y acompañantes) y las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado de la Unión Europea, como el Imserso.

Las tarifas fijas, que se establecen entre 0,50 y 2 euros según la propuesta de Podem, se recaudarán por alojamiento en hoteles, hoteles apartamentos, viviendas turísticas, hoteles y casas rurales, hostales, pensiones, hospederías y albergues, cámpines, áreas de pernoctaciones para autocaravanas y acampadas en finca particular, y embarcaciones de crucero.

El impuesto solo se aplicaría a los diez primeros días de estancia y se bonificaría el 50 % de la cuota tributaria íntegra las estancias en temporada baja, que fija entre el 1 de noviembre y el 30 de abril excluida la Semana Santa.

Para su gestión, se crearía un fondo para favorecer el turismo sostenible como instrumento de financiación de los fines del impuesto que se nutriría de la recaudación del tramo fijo, y una comisión formada por representantes de las consellerias competentes, hacienda, economía, empleo y medio ambiente y de agentes sociales y económicos.

En el tramo municipal, que deberá ser aprobado por acuerdo del pleno municipal y cuya recaudación iría a competencias de ámbito municipal, las tarifas se sitúan entre 0,25 y 1,25 euros y tendrían carácter variable.

David Torres ha defendido la aplicación del impuesto turístico como un mecanismo para aumentar los presupuestos destinados por la Generalitat a turismo, que suben un 13,16 % en 2018 hasta los 9,5 millones, una cantidad insuficiente para un sector que representa el 13 % del PIB, ha argumentado.

Torres ha afirmado que el sector empresarial es reticente a la implantación de este impuesto al considerar que podría frenar el crecimiento del sector y fomentar el fraude, y ha manifestado que no supondría un freno, como demuestra el crecimiento del turismo en otros lugares donde se ha aplicado como Baleares y Cataluña y otros países europeos.

Los sindicatos, ha dicho, apoyan la aplicación de la tasa, y como consecuencia de los contactos mantenidos con ellos han recogido propuestas como la financiación de las revisiones médicas de las camareras de piso.

El diputado de Podem ha señalado que ciudades como Benidorm, donde el impuesto supondría unos 5 millones de recaudación, no podrán renunciar a implantarlo.

Respecto a su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat para 2018, ha indicado que el trámite parlamentario "da margen" para negociar y evitar una prórroga de los presupuestos, y ha asegurado que en puntos concretos como el turismo el grupo parlamentario no apoyará las cuentas, si bien valorará las medidas sociales que se incorporen.