Las Provincias

Alicante, 14 nov (EFE).- Las tres mercantiles estibadoras de graneles en el puerto de Alicante han recurrido la decisión de la Concejalía de Urbanismo de paralizar temporalmente el desarrollo de su actividad en esas instalaciones portuarias.

Las empresas Berge Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante han recurrido, respectivamente, la desestimación por silencio administrativo de los recursos de reposición interpuestos el pasado 14 de septiembre frente a los decretos de Urbanismo del 11 de agosto de este año, por los que se requirió a cada una de esas empresas licencia ambiental para el desarrollo de su actividad.

Se ha solicitado simultáneamente del Juzgado de lo Contencioso que "prolongue o extienda, en fase judicial, la medida cautelar de suspensión de ejecución de dichos decretos", han informado hoy fuentes del despacho de abogados de esas mercantiles.

"Estos últimos se encontraban ya suspendidos" desde el pasado 15 de octubre, "al no haberse pronunciado expresamente el Ayuntamiento sobre las peticiones de su suspensión dentro del plazo máximo legal del mes siguiente a la fecha de tal solicitud (14.09.2017)", han afirmado las mismas fuentes.

Según los abogados de las tres mercantiles, "hasta que se pronuncie el correspondiente Juzgado Contencioso sobre la procedencia de adoptar o no dicha medida cautelar", los referidos "decretos están suspendidos automáticamente por imperativo legal, tal y como ha venido corroborando una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Tribunal Constitucional".

Aducen que, en consecuencia, "cualquier actuación administrativa que pretendiera desconocer dicha suspensión" comportaría "una manifiesta ilegalidad, al invadir la potestad que ostenta el órgano judicial competente de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada y vulnerar el principio de tutela judicial efectiva".

También advierten de que "esta actuación contraria a derecho, generadora de importantes daños y perjuicios a la empresas estibadoras y trabajadores y usuarios portuarios, acarrearía un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración, al margen de las responsabilidades de otros órdenes en las que se podría incurrir".

Además, entiende que la Concejalía de Urbanismo habría incurrido en un "anómalo proceder, más propio de otros lares", por "anunciar a través de la prensa y redes sociales el contenido de resoluciones administrativas supuestamente dictadas (caso de los anunciados Decretos de suspensión de actividad) antes de notificarlas en debida forma los interesados directamente afectados".

En este sentido, estiman que eso supone "una actuación impropia de un Estado de Derecho y desconocedora de los más elementales principios de seguridad jurídica".

Los representantes legales de estas tres mercantiles sostienen, igualmente, que "no es cierto que el instrumento ambiental municipal para el desarrollo de la actividad de estiba de los graneles tenga que ser necesariamente licencia ambiental".

"La ley admite expresamente en tales casos la posibilidad de acudir al trámite simplificado de la declaración responsable ambiental si se aporta una autorización autonómica de emisiones a la atmósfera y licencia de la Autoridad Portuaria (Ministerio de Fomento)", exponen.

A este respecto, afirman que eso es "lo que hicieron las empresas estibadoras al aportar toda la documentación legalmente exigible" el 14 de diciembre de 2016, "complementada con fecha 7 de junio de 2017".

"En el caso de la actividad de tráfico de graneles pulverulentos, la protección de la contaminación atmosférica es competencia exclusiva de la Conselleria y se encuentra ya cubierta por la autorización de emisiones concedida mediante resoluciones autonómicas de 21 de noviembre de 2016 y 6 de junio de 2017", argumentan.

Según las mismas fuentes, "el Ayuntamiento, que no ha cuestionado tales resoluciones, no puede incidir en esta materia al conceder una hipotética licencia ambiental, ya que estaría invadiendo la competencia de la Consellería".

Por otra parte, los abogados de las tres mercantiles aseguran que "no es cierto que las empresas estibadoras hayan desistido de precedentes solicitudes de licencia ambiental".

"En diciembre de 2008, las tres empresas solicitaron al Ayuntamiento licencia ambiental individualizada", mantienen.

Afirman que, "al recabar informe preceptivo y vinculante de la Conselleria, en cuanto actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, ésta comunicó el 7 de julio de 2010 que no procedía emitir informe individualizado respecto de cada una de las empresas por no ser concesionarias de muelles, sino, en todo caso, a la Autoridad Portuaria como titular de la instalación".

"A la vista de este informe, fue la Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha 15 de noviembre de 2010, la que acordó el archivo de los tres expedientes de licencia ambiental incoados por las tres estibadoras, añadiendo que, al contar con licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, disponían con todos los permisos y autorizaciones necesarios para su ejercicio", según estas fuentes.