Las Provincias

València, 1 ago (EFE).- El PP ha reclamado hoy a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "altura de miras" para la aprobación definitiva del pacto de Estado contra la violencia machista, así como un compromiso económico para la puesta en marcha de medidas en esta materia.

La diputada autonómica del Partido Popular Blanca Garrigues, la senadora Susana Camarero y la diputada nacional Elena Bastidas han presentado hoy el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia machista y han analizado los dos años de políticas de igualdad de la Generalitat.

Garrigues ha criticado la actitud de Oltra, de la que ha dicho que, "en lugar de atender los problemas de los valencianos y las valencianas, se dedica a viajar, a criticar a los jueces cuando dan resoluciones que no le gustan y a pasearse por los platós".

"Hemos visto como el primer trimestre de este año se han aumentado en más de un 23 % las víctimas de violencia de género, por eso desde el PP pedimos a la señora Oltra que explicara qué medidas iba a adoptar para luchar contra esta situación, pero dio la callada por respuesta", ha denunciado Garrigues.

Susana Camarero ha declarado que está "a la espera" de saber cuánto dinero aporta el Gobierno valenciano, y ha pedido a Oltra "altura de miras para la aprobación definitiva de este pacto de Estado".

"Las víctimas de violencia merecen mucho más", ha dicho Garrigues, y ha demandado al Consell que tome como ejemplo el Gobierno central, que ha conseguido "consensuar" un número importante de medidas y "un presupuesto económico".

"Eso es lo que echamos en falta aquí, porque es justo lo contrario de lo que hace el Gobierno valenciano, que destina un presupuesto de cero euros para luchar contra la violencia de género", ha denunciado.

Elena Bastidas ha destacado dos aspectos del pacto estatal: la prioridad política y el compromiso económico, que se traduce en una dotación de 1.000 millones de euros.

Bastidas ha destacado la necesidad de coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Después de 6 meses de trabajo y de la comparecencia de casi 66 expertos y expertas que han arrojado luz sobre esta cuestión desde distintos puntos de vista, se ha trasladado al gobierno un conjunto de 200 medidas que, una vez aprobadas en el Congreso y el Senado, se remitirán al gobierno", ha explicado.

Entre las medidas, Bastidas ha destacado la recuperación de competencias por parte de los ayuntamientos "para que los municipios puedan jugar un papel de máxima efectividad y respuesta cuando se detecte un caso de violencia de género".

Por su parte, la senadora Susana Camarero ha nombrado varias de las medidas que contiene el pacto que, además, incluye apartados especiales dedicados a menores, a las violencias que recoge el Convenio de Estambul (víctimas de trata, de mutilación sexual femenina y de violencia sexual) y a los maltratadores, entre otros.

Uno de los ejes fundamentales de este pacto es la mejora de la educación por la igualdad en el sistema educativo y la elaboración de protocolos para las fiestas populares, según Camarero, que ha señalado la petición de cambiar la ley para que la condición de víctima no se obtenga solo a través de la denuncia o, excepcionalmente con un informe de fiscalía, sino con "todas aquellas medidas que estipulen las comunidades autónomas".

"Así queremos permitir que la denuncia no sea la única salida al maltrato, queremos que las mujeres con o sin denuncia puedan ser atendidas, que tengan asistencia jurídica y psicológica, que tengan la protección que necesitan y las ayudas que requieren tanto económicas como de recursos habitacionales", ha explicado la senadora.

En cuanto al dictámen autonómico que se está elaborando, Garrigues ha valorado el trabajo de la subcomisión para la lucha contra la violencia de género, pero ha lamentado la carencia de un compromiso económico.