Las Provincias

València, 1 ago (EFE).- Escola Valenciana ha anunciado hoy que convocará movilizaciones en septiembre si se impide por los tribunales la aplicación del decreto de plurilingüismo, a excepción de la disposición adicional quinta, que no tendrá efectos sobre el sistema educativo hasta 2023.

La entidad ha insistido, en un comunicado, en la legalidad de un decreto que establece el modelo lingüístico del sistema de enseñanza en el ámbito valenciano y "no lesiona ningún derecho fundamental, tal y como asegura el informe de la fiscalía".

Escola Valenciana ha recordado que la normativa ha contado con "un amplio consenso" de la comunidad educativa y el asesoramiento de las Unidades de Enseñanza Multilingüe.

Además, ha señalado que el decreto en sí representa "una evolución coherente del camino recorrido" por la Llei d'Ús del valencià, que aplica un modelo de bilingüismo que ha producido resultados "positivos y constatables" durante más de 30 años.

La entidad ha recordado que la norma tiene a su favor dos sentencias judiciales que avalan su legalidad, a excepción de la disposición adicional quinta, que se basa en la concesión de certificaciones de idiomas una vez acabado el ciclo educativo y, por tanto, no afectaría durante el curso 2017-2018 porque este año el decreto solo entraría en vigor para el nivel de Educación Infantil.

Como esta disposición no tiene efectos de aplicación legal y académica durante los cursos anteriores a 2023, Escola Valenciana considera que la paralización cautelar de la aplicación del decreto "no es un argumento válido" y, a su juicio, "se ha de evitar que esta resolución judicial condiciones negativamente el desarrollo normal de la Ley".

Además, la fiscalía ha rechazado las sendas demandas interpuestas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y la Unión Sindical Obrera (USO) contra la norma educativa, atendiendo a que no lesiona ningún derecho fundamental.

Con estas dos sentencias encima de la mesa, Escola Valenciana se ha preguntado cómo es posible que el órgano colegiado mantenga las medidas cautelares a la aplicación de la ley educativa y ha denunciado "la arbitrariedad de las instancias judiciales".

Escola Valenciana ha subrayado que "las únicas razones que impiden el buen funcionamiento escolar son meramente ideológicas, no se fundamentan en criterios pedagógicos".

"Con la paralización de la norma se juega con los derechos fundamentales del alumnado, además de que las comunidades educativas decidieron, democráticamente y mayoritariamente, adherirse a los niveles más altos de la aplicación del decreto", han recordado.