Las Provincias

Madrid, 18 jul (EFE).- Varias defensas de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han solicitado hoy la libre absolución de sus clientes por "falta de pruebas" que demuestren que los exdirectivos falsearon las cuentas entre 2010 y 2011, ocultando la realidad a los propios consejeros y al Banco de España.

El abogado del ex director general de la entidad Roberto López Abad, señalado por las acusaciones como primer responsable de las supuestas irregularidades por su condición de "administrador de hecho", ha negado que el consejo no estuviera informado máxime cuando formaban parte de él "expertos empresarios y catedráticos".

Una lista en la que también ha incluido al expresidente Modesto Crespo, cuya letrada ha insistido en el carácter honorífico de su cargo, "no retribuido y de representación", y ha asegurado que si bien "no hay pruebas" que permitan concluir que conocía la existencia de posibles hechos punibles, de haber estado al tanto "no hubiera sabido comprender la naturaleza jurídica".

En el caso de López Abad, para quien el fiscal mantuvo ayer su petición de siete años y medio de cárcel, su defensa ha reprochado que se le acuse de haber estafado a inversores y consejeros cuando la quiebra de la entidad le afectó directamente al perder 44.000 euros en cuotas participativas.

Asimismo ha destacado que carece de sentido atribuirle la creación de un presunto "entramado para manipular las cuentas" y no imputarle administración desleal, en tanto que ha descartado el carácter indebido de las retribuciones percibidas pues "tras más de 40 años en la entidad, con contrato laboral, con complementos salariales consolidados, ¿cómo va a tirar todo por la borda?".

En relación a las operaciones objeto del proceso, ha recordado que fueron avaladas por los auditores externos de KPMG Asesores "sin salvedades", y ha atribuido a éstos el "problema" de no haber solicitado los contratos de las titulizaciones, dadas de baja del balance y que habrían permitido reflejar 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.

Versión acerca de la cual han discrepado las defensas, incluida la de la ex directora adjunta de la CAM María Dolores Amorós, que ha afirmado que "de haberse cometido un delito, los inspectores del Banco de España estaban no ya en primera fila sino detrás del escenario" dada su cercanía.

Sobre su participación, ha expuesto la "falta absoluta de intervención" de Amorós, sobre quien pesan peticiones que van desde los siete años y medio a los 16 años de cárcel y que "no participó ni en el diseño de las cuentas anuales ni en la alteración de los estados financieros, ni en decisiones de retribución, ni tuvo competencia en el área de riesgos, contabilidad o auditoría".

De igual modo, ha calificado de "desgracia" su designación como directora general en diciembre de 2010, después de más de 30 años de servicio en la caja, al producirse "en el peor momento y en la peor situación" posible.

La retirada de cargos contra el ex director de información financiera Salvador Ochoa, ausente de las vistas desde la sesión previa, ha tenido cabida en la lectura de las conclusiones, que han aludido de forma directa a este "silente acuerdo o milagro sobrevenido".

El abogado del ex director general de Planificación y Control de la caja Teófilo Sogorb, se ha referido a Ochoa como "la persona más cercana al foco en el que se habrían producido los delitos", razón por la que considera que tampoco debería pesar acusación alguna sobre su defendido.

La sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará mañana la exposición de los informes finales, jornada en la que está previsto que intervengan los letrados de los exdirectores de Financiación y de Riesgos, Juan Luis Sabater y Francisco Martínez.