Las Provincias

Madrid, 17 jul (EFE).- El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha defendido hoy su papel de perjudicado por las presuntas irregularidades cometidas por la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y ha retirado la solicitud de nueve años de prisión contra el expresidente de la entidad Modesto Crespo.

El letrado Carlos Gómez-Jara ha diferido del criterio de la Fiscalía, que no reclama indemnización para el fondo, ya que, de no haber sido intervenida con fondos públicos, la quiebra de la CAM habría derivado en una posible responsabilidad por insolvencia punible, como sucede con el resto de entidades.

Sobre la retirada de la acusación a Crespo, el FGD sostiene que la presunta falsedad contable achacada al expresidente por varias acusaciones se produjo a través de conductas "tan técnicas" que aún habiéndolas detectado no se podrían haber evitado.

En este sentido, ha aseverado que si bien éste debería haber velado por el cumplimiento de la norma, en el caso de la CAM los estados contables eran remitidos a las instituciones por los propios directivos, por lo que escapaban de su vigilancia.

Razón por la que mantiene los cargos contra los ex directores generales de la caja María Dolores Amorós y Roberto López Abad, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el ex director general de Riesgos Francisco Martínez, para quienes pide penas de entre nueve y dos años de prisión.

En su opinión, los acusados alteraron las cuentas anuales de 2010, permitiendo plasmar beneficios en los dos trimestres posteriores en los que se liberaron provisiones, algo "imposible" ya que ello "suponía decir que la CAM estaba en una situación económica mejor que la del año anterior" a pesar de que tanto la realidad de la caja como de la economía española era la contraria.

Como hiciera el fiscal en su intervención, ha explicado que la entidad disponía de una doble contabilidad pues mientras internamente manejaba previsiones negativas, "de cara hacia fuera eran todo beneficios, un mundo feliz" en el que se daba la apariencia de que "todo estaba bien".

Al respecto, el letrado ha insistido en la obligación de las entidades financieras de ofrecer una imagen fiel, especialmente de aquellas que solicitan intervención pública, en alusión a la "friolera" de 5.249 millones de euros que "acabamos pagando todos los contribuyentes".

De ahí que considere probada la comisión de un delito de falsedad en las cuentas, con la intención de captar inversores mediante las cuotas participativas.

Sobre el derecho a ser indemnizado, se ha remitido a la sentencia dictada en noviembre de 2015 en la que tanto el Supremo como la Fiscalía del alto tribunal reconocía su condición de perjudicado "sin trabas ni límites", por lo que solicita la diferencia entre los 58 millones de beneficios inicialmente plasmados y los más de mil millones de pérdidas.

En su turno de exposición, la Fundación Caja Mediterráneo, heredera de la obra social de la CAM que ejerce la doble condición de acusación particular y defensa, ha coincidido con sus predecesores acerca del falseamiento, si bien ha conservado los cargos contra Crespo ya que formaba parte de la comisión de titulizaciones, operaciones cuya baja de balance generó un beneficio ficticio de 65 millones.

Por su parte, el abogado Diego de Ramón, acusación particular y popular, ha dedicado su exposición a los más de 1.000 inversores de cuotas a los que representa, personas "de estrato bajo" a los que la CAM engañó "como quien engaña a un ciego".

Asimismo, ha informado a la sala de la reducción de su petición de condena para Crespo "por su escasa participación" en los hechos hasta el año de prisión de los 16 inicialmente solicitados.