Las Provincias

Barcelona, 19 jun (EFE).- Las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, València, A Coruña, Cádiz, Santiago, Valladolid y Terrassa celebran que los presupuestos generales del Estado permitan finalmente las remunicipalizaciones.

Al mismo tiempo, se reclama más respecto a sus competencias y claridad en la redacción de medidas que les afectan, señala el consistorio de Barcelona.

Estos municipios, que el mes pasado asistieron al Congreso para protestar y derogar la disposición adicional 27 de los presupuestos que impedía la municipalización de servicios, han advertido que los cambios alcanzados en el Senado reducen algunos obstáculos, pero no son suficientes "dado que el texto finalmente aprobado se presta a diversas interpretaciones y se podría cuestionar su constitucionalidad".

El primer teniente de alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha destacado que "esta modificación demuestra que es importante que los municipios se organicen y hagan escuchar su voz. Cuando lo hacen, como en este caso, tienen la capacidad de cambiar cosas".

Según Pisarello, "es una buena noticia que las ciudades hayan podido detener este nuevo golpe del gobierno del PP al municipalismo. Esto permite ampliar el margen para seguir reforzando las plantillas municipales y, de este modo, mejorar los servicios públicos que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía".

En su redacción original, la disposición que motivó la protesta municipal, la 27 de los presupuestos generales del Estado, pretendía limitar la incorporación de personal en el sector público.

Tras la aprobación de la enmienda, los ayuntamientos podrán incorporar personal mediante procesos de reinternalización de forma que no compute a efectos de la tasa de reposición, lo que no contemplaba la redacción inicial.

Para los ayuntamientos, la redacción resultante de la disposición es compleja y confusa, dando pie a varias interpretaciones posibles, ya que coloca en contradicción normativas como la Ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Contratos del Sector Público (actualmente en trámite de aprobación parlamentaria).

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la disposición 27 de los presupuestos podría considerarse anticonstitucional en la medida que el contenido que aborda esta disposición podría extralimitarse de la Ley de Presupuestos.

Dependiendo de la interpretación, las remunicipalizaciones podrían ser posibles o no, en función de si la corporación local en cuestión tuviera sociedades mercantiles donde integrar el personal del servicio público reinternalizado, o podrían impedir incorporar a los trabajadores como empleado público, de acuerdo con los derechos y obligaciones que establece la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que la incorporación debería ser en una condición laboral diferente.