Las Provincias

València, 19 jun (EFE).- La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat recurrirá judicialmente el nuevo decreto de dependencia de la Generalitat, al entender que la reducción de los requisitos del cuidador no profesional y el concierto social son contrarios a derecho.

En un comunicado, la patronal Aerte se refiere así al Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, publicado la semana pasada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Desde Aerte consideran que dos cuestiones planteadas en el decreto "adolecen de base legal".

La primera es la reducción de los requisitos de los cuidadores no profesionales, lo que contradice la Ley de la Dependencia que lo considera excepcional, y la eliminación de la imposibilidad de contar con un servicio profesional para acceder al mismo.

La segunda cuestión es el reconocimiento del concierto social que recoge la exclusión de la mayoría de entidades del sector por su forma jurídica.

La ley de la Dependencia pretende ofrecer a los ciudadanos un servicio de atención profesional, bien directamente por parte de la Administración o bien mediante una prestación económica para que la persona en situación de dependencia pueda pagar dicho servicio a una entidad, señalan desde la patronal.

"El cuidado familiar, muy importante, debe ser parte de ese proceso pero no la base porque si no seguiríamos manteniendo un sistema de cuidados familiares propio del siglo pasado -añade-. Ser atendido en casa por personal cualificado del servicio de ayuda a domicilio, acudir a un centro de día cercano a su entorno o vivir en un centro residencial, si fuera necesario, es el derecho subjetivo que tiene la persona que se encuentra en situación de dependencia".

Todo ello, junto a todas las actividades de prevención de mejora de la autonomía, "son las herramientas con las que cuenta un país moderno para dar respuesta al reto de la dependencia".

La familia, en su opinión, siempre está implicada en esa atención pero la responsabilidad principal no debe recaer sobre ellos porque los dependientes tienen derecho a ser atendidos por servicios profesionales.

Aun así, remarca, hay ocasiones en las que por las circunstancias concretas de la persona que necesita ser atendida se podría acudir excepcionalmente al entorno familiar para que se encargue pero no debería ser la norma.

En la Comunitat, según datos de Aerte, el 67,60 % de las prestaciones resueltas desde julio de 2015 ha sido de cuidador no profesional, ante lo cual señalan: "Creemos que esto es un error y que además va contra el derecho de las personas dependientes a recibir un servicio profesionalizado".

Asimismo, señala que la nueva norma recoge la cuestión del concierto social incorporado recientemente al ordenamiento jurídico.

"Consideramos que se ha realizado en contra de los principios de no discriminación de la propia directiva europea 24/2014 sobre contratación pública en la que se ampara ya que excluye a un gran número de entidades del sector.

A pesar de haber hecho estas aportaciones durante todo el proceso de trámite de esta normativa, explicando estas circunstancias y todas las dudas legales ante esta propuesta, "las modificaciones que se han hecho son mínimas, por lo que la entidad se ha visto obligada a tomar esta decisión", concluye el comunicado.