Las Provincias

València, 19 jun (EFE).- El sindicato CSI·F ha denunciado hoy que personas condenadas por delitos a penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad realizan en los Juzgados de València tareas reservadas exclusivamente a personal funcionario de la Administración de Justicia, por lo que ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía.

Según han informado desde el sindicato, esta situación está produciendo que se ocupen plazas pertenecientes al funcionariado, a la vez que se está produciendo una amortización de la plantilla.

Asimismo, han señalado que las tareas que les encomiendan implican la manipulación directa de las causas judiciales que se custodian en los archivos y acceso a los datos protegidos por la ley que constan en ellas, "incluidas las identidades de testigos protegidos en causas propias ya archivadas".

También han indicado que "al deambular libremente por los Juzgados de la Ciudad de la Justicia" podrían tener acceso a las "macrocausas y causas secretas" que se siguen en diferentes juzgados de València.

El CSI·F ha advertido de que "se está incumpliendo la finalidad de estas penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad", ya que son una actividad complementaria no remunerada y han de reunir unos requisitos como no sustituir puestos de trabajo, ni competir en el mercado laboral y deben tener utilidad pública y cumplir con una finalidad restitutiva, ejemplarizante e integradora.

Asimismo, han señalado que estas tareas podrán consistir en la reparación de los daños causados o de apoyo y asistencia a la víctima, o de participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual o similar.

Según el sindicato, la Dirección General de Justicia ha señalado que no tiene competencia en esta cuestión y ha remitido a la administración penitenciaria y al juez de Vigilancia Penitenciaria como responsables de valorar la legalidad y condiciones en las que se ejecutan estas penas.

El sindicato ha señalado que la Junta de Personal, reunida en pleno, ha acordado exigir tanto a la citada dirección general y al director del servicio, como a Servicios Penitenciarios y al juez de Vigilancia Penitenciaria, "el cese inmediato del cumplimiento de penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad en dependencias y servicios judiciales", por no ser "sedes apropiadas para este fin por los motivos expuestos".

No obstante, consultada por EFE, la Conselleria de Justicia ha anunciado que a ellos no les consta que los condenados estén haciendo funciones reservadas al personal remunerado de justicia, a la vez que han señalado que van a estudiar "qué funciones están haciendo".

Asimismo, han indicado que también van a "revisar el marco legal en el que desarrollan sus tareas" y una vez sepan qué están haciendo se actuará "en consecuencia", han agregado.

El CSI·F ha acordado poner en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía para una "posible depuración de responsabilidades".