Las Provincias

Madrid, 19 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha ordenado tomar declaración como testigos a ocho empleados que comercializaron las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a fin de dilucidar si esta pieza, cuyo plazo de instrucción ha concluido, continúa abierta o bien es sobreseída definitivamente.

En el auto conocido hoy, la sección tercera de la sala de lo Penal estima parcialmente los recursos interpuestos por varias acusaciones particulares contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que el pasado abril archivó esta parte de la investigación por una cuestión de plazos procesales.

En concreto, alegaba que una de las representaciones había remitido sus peticiones fuera del límite fijado por ley, circunstancia que ahora refuta la sala, que no obstante rechaza que se practique cualquier otra diligencia al margen de estas testificales al haber expirado el plazo de instrucción.

Se trata de la tercera vez que la sala acuerda retomar la causa, anteriormente sobreseída por la titular del juzgado central de Instrucción número 3 al valorar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007 y no aquellos de 2010 y 2011, supuestamente falseados por la antigua cúpula de la entidad.

Unas irregularidades, estas últimas, por las que están siendo enjuiciados ocho exdirectivos de la CAM, entre ellos los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós -también investigados por las cuotas-, para quienes la Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel, por estafa continuada y falsedad contable, entre otros.

Según los magistrados, la sala no puede pronunciarse acerca de la adecuación del sobreseimiento y archivo de las actuaciones en la pieza separada en tanto que quedan por conocer los testimonios de casi una decena de asesores de la entidad, propuestos por las acusaciones con el objetivo de conocer cuál fue la información que realmente recibieron los compradores de este producto.

Las cuotas participativas de la CAM, absorbida por el Banco Sabadell, fueron colocadas a 55.000 pequeños inversores desde 2008, una operación por la que la caja recogió 292 millones de euros; en diciembre de 2011, meses después de la intervención del Banco de España, dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

En la actualidad, todas las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año continúan formando parte de la causa principal, no así las anteriores, objeto de investigación en esta pieza.