Las Provincias

València, 19 may (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado hoy el nuevo decreto de reconocimiento de dependencia, que unifica la normativa autonómica que existía sobre dependencia, agiliza procedimientos y amplía la red pública de valoraciones, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta, Mónica Oltra.

El nuevo decreto establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, e incluye medidas como permitir la compatibilidad entre servicios, además de favorecer la promoción de la autonomía personal.

El decreto, que es pionero en España, regula la red pública de valoraciones, que incluye, además de los servicios generales municipales, otros puntos, como las residencias públicas, los hospitales de media y larga estancia, las unidades de salud mental y las prisiones.

Según esta norma, las valoraciones las podrá hacer el personal con titulación social o sanitaria que cuente con la acreditación necesaria para hacerlo, lo que permitirá pasar de 17 a más de 400 profesionales solo en el ámbito de los servicios municipales.

Otra novedad es la regulación del régimen de incompatibilidades entre servicios, de manera que las personas en situación de dependencia podrán pedir un máximo de dos.

Así por ejemplo, los niños que tengan asignada una prestación de cuidador en el ámbito familiar también podrán solicitar acceso a prestaciones para cubrir las terapias de estimulación o desarrollo cognitivo.

Sobre los plazos, el decreto fija procedimientos independientes para las resoluciones de grado y del Programa Individual de Atención (PIA), que hasta ahora se dictaminaban en una misma resolución y provocaba retrasos, pues hasta que no estuviera aprobada y notificada la propuesta del PIA no podía continuar con el proceso.

Cuando las preferencias expuestas por la persona interesada coincidan con el informe social de entorno, se emitirá automáticamente la resolución aprobando el PIA, lo que agilizará los procedimientos, que podrán reducirse en uno o dos meses.

Además, el decreto regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas.

Como novedad en la oferta de servicios y prestaciones, se contempla la prestación vinculada de garantía, que se ofrecerá en los casos en que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia del solicitante en un radio de 20 kilómetros de su domicilio.

En sustitución de la plaza pública, se ofrecerá la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio residencial.

Además, se incluye la atención residencial como servicio para las personas con diversidad funcional con grado I reconocido, que hasta ahora estaba excluido del catálogo de servicios para la dependencia moderada.

La prestación económica de asistencia personal incluye una modificación en el nuevo decreto, puesto que se amplía su solicitud también para aquellas personas que no estudien o trabajen, requisito hasta ahora era necesario.

Respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la persona cuidadora de proximidad podrá ser familiar hasta cuarto grado del solicitante o persona cercana, y en este último caso deberá constar el informe social que lo acredite.

Asimismo, desaparece la incompatibilidad de trabajar para poder ser cuidador, siempre y cuando no se atienda a más de dos personas en situación de dependencia, y se regula la figura de persona cuidadora no familiar, que deberá tener un contrato laboral.

Por otra parte, el pleno del Consell ha acordado destinar 1,3 millones de euros al funcionamiento de la residencia para personas mayores dependientes de Morella, que gestiona la Congregación Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación y tiene capacidad para atender a 68 personas mayores dependientes.