Las Provincias

València, 19 may (EFE).- El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), Miguel Borra, ha afirmado hoy que este sindicato "defenderá a los empleados públicos ante políticas de imposición lingüística de la Generalitat".

Según ha informado este sindicato en un comunicado, Borra ha realizado estas declaraciones tras entrevistarse con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

En esta entrevista, el máximo responsable de la central sindical a nivel nacional y el delegado del Gobierno han intercambiado impresiones sobre las recientes iniciativas impulsadas por la Generalitat.

Ambos coinciden en la "necesidad de garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de los empleados públicos, y de la ciudadanía en general, frente a abusos que puedan producirse en este ámbito".

En concreto, han abordado la reciente aprobación del decreto de usos institucionales y administrativos del valenciano, anunciado por el Consell "sin negociación previa con los sindicatos".

"Esta normativa altera las condiciones laborales de los empleados públicos, pues les obliga a redactar sus comunicaciones en valenciano y a dirigirse al usuario primero siempre en la lengua autóctona, a pesar de que también el castellano es oficial", han agregado.

Los servicios jurídicos del sindicato analizarán esta norma en cuanto se publique y presentarán recurso en el caso de que vulnere los derechos de los empleados públicos, han advertido las mismas fuentes.

El presidente nacional de CSIF también ha trasladado sus dudas sobre el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico educativo.

El sindicato lo ha recurrido y el TSJ ya ha reconocido, en un primer auto, su legitimación para interponer recurso.

La central sindical argumenta vulneración del derecho a la igualdad y trato discriminatorio para aquellos centros que opten por el nivel básico, cuyos alumnos no obtendrán certificación en inglés, según ha indicado CSI·F.

Borra expuso igualmente el recurso interpuesto por CSI·F, y admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra la Generalitat, después de que representantes del sindicato fueran "obligados a abandonar una reunión a la que habían sido citados", siempre según este sindicato.

En esta convocatoria, la Conselleria informó sobre las novedades respecto al requisito lingüístico en Administración del Consell, que CSI·F defiende como mérito.