Las Provincias

Murcia, 21 mar (EFE).- Uno de los últimos investigados en el presunto fraude en las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillent (Alicante) y Murcia, el ingeniero Pablo Valdés, ha declarado a la Guardia Civil que comunicó a los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que algunas partidas "no estaban suficientemente justificadas".

Así se recoge en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se le interrogó como responsable de la Asistencia y Control de las Obras (ACO) en uno de los tramos.

Pablo Valdés confirmó que envió un correo electrónico al que era jefe de Infraestructuras de Adif en Levante, el también investigado José Luis Martínez Pombo, y a otros destinatarios haciéndoles saber que algunas partidas referidas a entubaciones de pozos y zanjas no estaban suficientemente justificada.

Y añadió que "ni Adif ni ninguno de sus responsables contestaron a ese correo", aunque con posterioridad, las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por el trazado del AVE "se sacaron del proyecto y se tramitaron como expedientes de gasto".

Al ser preguntado por los agentes que lo interrogaron por el motivo por el que pese a tener esas dudas firmó las relaciones valoradas de los trabajos, declaró que lo hizo porque las mismas se las entregó un director de obra de Adif, Andrés Rodríguez, "con la indicación de que tenía que firmarlas".

Durante la declaración, que se prolongó por espacio de casi hora y media, se le preguntó también si desde su experiencia en el control de obras consideraba razonable que unas obras de reposición de redes de regadío inicialmente presupuestadas en 1,6 millones de euros se acercaran, al final, a los trece millones.

Este investigado manifestó al respecto que "es habitual que el valor real de los servicios afectado sea, al final, mayor al inicialmente proyectado, dependiendo esta variación de la calidad del proyecto".

Al insistir los agentes para que se pronunciara sobre este caso en concreto, declaró que "recuerda que en el proyecto faltaban reposiciones que no estaban previstas y que,en cuanto a la diferencia de precio finalmente pagado, no podía opinar, por carecer de elementos de juicio en ese momento".

La declaración de este ingeniero se recoge en un informe elaborado por los funcionarios de Vigilancia Aduanera y los agentes de la Benemérita que investigan los hechos y que ha sido incorporado a las diligencias que se instruyen en un Juzgado de Murcia.

En ese informe se recoge así mismo que tanto el subcontratista de las obras, Juan Ortín, como el que fuera juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) Jesús Abadía, reconocieron al declarar como investigados la existencia de facturas infladas o que no respondían a servicios realmente prestados.