Las Provincias

(Actualiza la VL1109 con declaraciones del alcalde de Buñol, Rafael Pérez)

València, 20 mar (EFE).- La declaración como investigados (antes imputados) del alcalde de Buñol, Rafael Pérez, y el exalcalde Joaquín Masmano prevista para mañana ha sido suspendida debido a que el abogado de los querellados tenía "una señalamiento anterior", según han informado desde el PP local.

Masmano y Pérez habían sido citados a declarar mañana en calidad de investigados por supuestas irregularidades en la contratación y prestación de varios servicios municipales.

Así constaba en una providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Requena, que investiga, a raíz de una denuncia del PP local, supuestas irregularidades en servicios como la recaudación municipal, la limpieza viaria o la publicidad de la radio local.

El alcalde de Buñol, Rafael Pérez, de Esquerra Unida, ha asegurado a EFE que su declaración no tiene relación alguna con la Tomatina y que si han sido citados es porque en la actualidad son los máximos representantes del Ayuntamiento, ya que las denuncias están dirigidas al grupo municipal socialista.

Pérez ha explicado que se trata de contratos anteriores a su legislatura, algunos incluso del año 1984 -"cuando yo aún no había nacido", ha remarcado- o de 2007, cuando, ha dicho, "ni gobernábamos ni estábamos en el Ayuntamiento".

Según la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado citaba a declarar como investigados a Joaquín Masmano y Rafael Pérez, ambos de EU, mañana a las 10.30 y 11 horas, respectivamente.

Sin embargo, fuentes del PP local han informado de que la declaración se ha suspendido "por señalamiento anterior del abogado de los querellados" sin que conste, de momento, otra fecha para que se lleven a cabo.

Según la denuncia presentada por el PP en Fiscalía, desde 2010 se está prestando de manera irregular el servicio de recaudación municipal por parte de la empresa José Luis Martínez Morant, cuyo contrato había finalizado el 31 de diciembre de ese año.

Ven también irregularidades en la contratación del servicio municipal de limpieza y en la contratación con una empresa privada del servicio de publicidad en la radio municipal, así como de varios becarios.

Los populares creen que todos los hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación, y la Fiscalía había pedido que se tome declaración en calidad de investigados al actual alcalde y al exalcalde.