Las Provincias

Valencia, 1 dic (EFE).- El nuevo decreto de reconocimiento de dependencia del Consell, presentado hoy, amplía la red pública de valoraciones y "favorece la autonomía personal" de las personas dependientes, además de unificar la normativa autonómica existente en materia de dependencia, que estaba dispersa y era "infralegal".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha afirmado que se trata de una norma "pionera en España", según un comunicado de la Generalitat.

El decreto "regula el reconocimiento de la dependencia y el acceso al sistema público", así como la red pública de valoraciones que, además de los servicios generales municipales, incluye otros puntos, como las residencias públicas, los hospitales de media y larga estancia, las unidades de salud mental y las prisiones.

Las valoraciones las podrá hacer el personal con titulación social o sanitaria que cuente con la acreditación para realizar esta labor, ha explicado Oltra, que ha incidido en que este cambio en la red de valoraciones ha permitido pasar de 17 a más de 400 profesionales.

Asimismo, ha añadido que la Conselleria destinará el año próximo en su presupuesto una partida de 52,1 millones de euros, un 62,17 % más que en 2016.

Otra de las novedades es la regulación del régimen de incompatibilidades entre servicios, de manera que las personas dependientes podrán pedir un máximo de dos.

"De esta manera se avanza en la promoción de la autonomía personal, que ha estado parada durante años", ha destacado la vicepresidenta.

Ha detallado que, con esta compatibilidad de servicios, los niños que tengan asignada una prestación de cuidador en el ámbito familiar también podrán solicitar tener acceso a prestaciones para cubrir las terapias de estimulación o desarrollo cognitivo.

Respecto a los plazos, el decreto incluye procedimientos independientes para las resoluciones de grado y del Programa Individual de Atención (PIA), que hasta ahora se dictaminaban en una misma resolución, ha recordado Oltra, lo que "provocaba retrasos en los plazos para resolver expedientes".

Asimismo, en los casos en los que las preferencias de los interesados coincidan con el informe social, la resolución se emitirá de forma automática, lo que "agilizará considerablemente los procedimientos", que podrán reducirse en un periodo de entre 1 y 2 meses.

Por otra parte, el decreto regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, y contempla la prestación vinculada de garantía, que se ofrecerá en los casos en los que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia del solicitante en un radio de 20 kilómetros.

En sustitución de la plaza pública, se ofrecerá la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio residencial, que está previsto que beneficie a alrededor de 2.000 personas, mientras que la prestación económica de asistencia personal incluye una modificación en el nuevo decreto, puesto que se amplía su solicitud también para aquellas personas que no estudien o trabajen.

Respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la persona cuidadora podrá ser familiar hasta de cuarto grado del solicitante o persona cercana, y desaparece la incompatibilidad de trabajar para poder ser cuidador.

Asimismo, se regula la figura de persona cuidadora no familiar, que tendrá deberá tener un contrato laboral.

Desde julio de 2015, un total de 19.447 nuevos beneficiarios se han incorporado al sistema de dependencia, de los que 6.525 corresponden al ejercicio de 2015 y 12.922 al de 2016, y la nómina de dependencia abonada por la Conselleria en el mes de noviembre asciende a 26.301.659 euros.