Las Provincias

Valencia, 30 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Sagunto ha informado de que el Tribunal Supremo ha apoyado la postura del consistorio de que no se pueda ampliar la cantera de Lafarge por la superficie de la montaña de Romeu.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha indicado que el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso que presentó la cementera contra una decisión del TSJ valenciano, por lo que "continúa en pie" la denegación de la declaración de interés comunitario (DIC).

Así, el tribunal ratifica la sentencia de 2015 del TSJ valenciano que dejó sin efecto una resolución de la Conselleria que anulaba la denegación de la DIC, que aprobó la Generalitat en el año 2010.

La concejala de Medio Ambiente, Teresa García, ha valorado la sentencia, que "mantiene la decisión" sobre la DIC de 2010 como "el único hecho administrativo" que se ha pronunciado respecto a la ampliación de la cantera hacia la zona de Romeu "en los criterios negativos en los cuales lo ha hecho".

Según García, en los temas de interés general como este, los vecinos, las asociaciones y los partidos políticos "estamos legitimados" para defender en este caso la conservación de una zona "de alto valor ambiental" como es la zona de Romeu.

El Ayuntamiento de Sagunto indica que seguirá trabajando en alternativas para que Lafarge pueda continuar con sus actividades en el municipio "intentando dar una estabilidad y tranquilidad a los trabajadores y preservando el medio ambiente".

La declaración de interés comunitario indica que hacia la zona de Romeu no se puede ampliar la actividad de la cantera por el valor ambiental.

La cementera Lafarge decidió el pasado mes de febrero paralizar de forma temporal los trámites para ampliar la actividad de extracción de caliza de la cantera, debido a la incertidumbre generada por "los impedimentos" del gobierno local.

Lagarge indicó entonces que a ello se añade la falta de alternativas viables a la zona de ampliación de la cantera, conocida por el nombre de 'Margas'.

En 2013 Lafarge y el Pleno del Ayuntamiento suscribieron un convenio, tras seis años de trabajo de una mesa técnica, que buscaba conciliar el interés del consistorio de crear un paraje natural en los terrenos de la concesión de la empresa y la viabilidad de ésta.

Por este acuerdo, la compañía aceptaba limitar el uso de su concesión y trasladarse a la única zona alternativa viable por la calidad de su caliza, situada en El Piñal.

Según la empresa, el consistorio debía apoyar a Lafarge en los dos trámites más inmediatos para la continuidad de su actividad: la renovación del permiso de ocupación de monte público sobre la zona de actividad actual, que vence en 2017, y la ampliación a la zona contigua, conocida como 'Margas', de unas 14 hectáreas.

Lafarge aseguró que mantenía vigentes todos los permisos y autorizaciones que habilitan la explotación de terrenos situados en los montes de utilidad pública y forestal sobre los que tiene otorgada una concesión minera hasta 2042.