Las Provincias

Valencia, 30 nov (EFE).- La Mesa por la Educación en Libertad ha manifestado hoy su satisfacción por el acuerdo entre Ministerio y las comunidades autónomas sobre las reválidas, pero advierte de que "espera que la educación no sea moneda de cambio para alcanzar otros acuerdos".

En un comunicado, la Mesa por la Educación en Libertad apuesta por "el consenso y el diálogo entre todos los partidos políticos en materia educativa", pero espera que no sea a costa de "recortar la libertad de elección de los padres del modelo educativo para sus hijos o de los derechos adquiridos hasta el momento".

El portavoz de la Mesa, Vicente Morro, ha advertido de que "no puede haber un pacto educativo a cualquier precio", ni la Educación debe ser "una moneda de cambio para alcanzar otros acuerdos porque tener una buena ley educativa es de vital importancia para toda la sociedad".

Del mismo modo, apela a que todos los partidos "hagan un esfuerzo y consideren este pacto como un acuerdo de Estado prioritario".

Asimismo, precisa que desde la Mesa esperan que para este pacto se cuente con todos los sectores implicados en la educación sostenida con fondos públicos, "incluyendo las aportaciones que tanto alumnos como padres, titulares de los centros o profesores puedan realizar", ha señalado Morro.

Por otra parte, la Mesa por la Educación en Libertad ha mostrado su satisfacción por las recomendaciones del Síndic de Greuges a la Conselleria de Educación sobre el arreglo escolar, tras el escrito de queja presentado por esta entidad.

En su resolución, el Síndic reconoce que el arreglo escolar del curso 2016-2017 se "lleva a cabo sin un periodo sereno de reflexión, sin el consenso de las partes implicadas y con precipitación", y advierte de que puede incidir en el derecho de los padres a elegir centro docente para sus hijos, y en la supresión de puestos docentes, añaden las mismas fuentes.

El informe concluye que la Conselleria "en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas promueva las actuaciones necesarias para la aplicación estricta de la legislación vigente respecto a la creación y/o supresión de unidades en los centros privado-concertados, desterrando el criterio de subsidiariedad de la enseñanza privado-concertada respecto a la pública".

Establece asimismo que para el próximo curso 2017-2018, respecto al arreglo escolar, tenga en consideración el derecho de las familias a la elección de centro, ya sea éste privado-concertado o público sin que pueda prevalecer el criterio, para la supresión de unidades en la enseñanza concertada, la suficiencia de plazas en la enseñanza pública.