Las Provincias

Valencia, 23 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decretado el sobreseimiento y archivo de la denuncia presentada por el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez, y el tesorero, Antonio Paños, contra el vicedecano, Juan José Enríquez, por injurias y calumnias.

Según consta en un auto de este juzgado, los hechos denunciados no se apoyan en ninguna expresión que "permita inferir un ánimo de injuriar o atentar al honor".

La denuncia fue la respuesta a la exposición por parte del vicedecano en una Junta de Gobierno de dos contrataciones en las que se produjeron presuntas irregularidades.

La primera se refiere a un contrato de revisión y mejora de la web del colegio por un importe de 20.000 euros que se adjudicó, según el vicedecano, sin recabar otras ofertas a la empresa responsable de la campaña del propio Mira para su elección como decano en 2012.

La segunda es la presentación de un plan estratégico, en el que, aunque hubo concurrencia, de la documentación examinada se desprende que no se cumplieron los propios baremos a la hora de adjudicar el contrato, siempre según el vicedecano, de forma que la adjudicataria resultó una persona miembro de la candidatura de Pérez Mira.

Estas exposiciones, en opinión de la jueza, sirvieron para "poner en conocimiento de los colegiados la existencia de una serie de irregularidades" sin pretender en ningún momento dañar la reputación de los querellantes.

Añade además que los comunicados emitidos y calificados como falsos por el actual decano "se remitieron previa comprobación con una serie de documentación que le fue exhibida por la gerente del Colegio de Economistas" con el fin de que fueran analizadas en profundidad por el organismo competente.

El auto concluye que la información transmitida por el vicedecano y su equipo era "veraz" y "se hallaba amparada en irregularidades constatadas por la documentación exhibida".

Contra este sobreseimiento cabe la interposición de recursos de reforma o de apelación.

En junio del año pasado, la Comisión Permanente del Consejo General de Economistas archivó una denuncia interpuesta en sentido inverso, es decir, por el vicedecano contra el decano, el tesorero y varios miembros de la junta por la existencia de supuestas irregularidades en la concesión de los citados contratos.