Las Provincias

Alicante, 19 oct (EFE).- La inclusión en un catálogo de edificios protegidos de la sede donde se ubica la mayoría de los juzgados de Alicante, una antigua cárcel donde murió el poeta Miguel Hernández tras la Guerra Civil, impide en estos momentos su reforma estructural.

Así lo ha anunciado hoy a los periodistas la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras reunirse con el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, para abordar este problema y buscar una solución alternativa.

El anterior Consell desechó en su día la construcción de una Ciudad de la Justicia que albergara todas las sedes judiciales alicantinas y optó por la rehabilitación tanto del edificio de la Audiencia Provincial como del Palacio de Justicia de Benalúa, ubicado en la antigua cárcel.

El primero de los proyectos ya se ha ejecutado, mientras que las obras del segundo debían comenzar este otoño y comprendían la reforma estructural de la sede mediante el cerramientos de patios y pasillos y la excavación de su subsuelo para albergar archivos.

Sin embargo, el edificio ha sido incluido en un catálogo de patrimonio municipal a proteger, lo que va a impedir desarrollar el proyecto básico de reforma que había redactado la Generalitat y va a limitar la rehabilitación y, por tanto, el espacio disponible para los juzgados existentes y los que se creen en el futuro.

"Desde julio, en que se aprobó el catálogo de edificios protegidos de Alicante, han surgido una serie de problemas que afectan a la posibilidad de abordar reformas estructurales. Eso nos preocupa porque estábamos trabajando en un proyecto que culminara en un par de años y no queríamos tener problemas" que retrasaran las obras, ha dicho Bravo.

Los técnicos del Ayuntamiento deberán ahora dictaminar cómo encaja la rehabilitación con la protección del edificio y qué partes del proyecto pueden aún rescatarse para que las obras puedan iniciarse en el menor plazo posible.

Bravo ha explicado que, al margen de este problema, los trabajos de rehabilitación del Palacio de Justicia de Benalúa han sufrido un retraso por la exigencia de la Inspección de Trabajo de que se hiciera un estudio geotécnico previo para asegurar las estructuras del edificio.

La consellera ha insistido en que considera "prioritario" solucionar las deficiencias del edificio, que presenta un estado "muy precario", durante la presente legislatura, aunque ha negado que haya existido descoordinación entre Consell y Consistorio para abordar el proyecto hasta ahora.

Por su parte, el alcalde ha criticado que Alicante esté en materia de infraestructuras judiciales "como hace 25 años", aunque ha manifestado su total disposición a colaborar con la Conselleria para buscar soluciones alternativas.

Esa alternativa pasaría por la búsqueda de un edificio próximo al actual Palacio de Justicia que pueda albergar un número determinado de juzgados de una misma jurisdicción, como Penal o Primera Instancia.

En cualquier caso, la antigua cárcel, de 16.000 metros cuadrados, sufriría una rehabilitación que no afectara a los espacios ya existentes ni a su estructura.

La consellera ha reiterado que su "meta" es "garantizar unas dependencias para jueces y fiscales que "les permitan desarrollar dignamente su función y reúnan las condiciones de salubridad" necesarias.

"Es preferible ser realista que venir con grandes anuncios que son difíciles de cumplir en la situación en que nos encontramos", ha opinado Bravo, tras aludir a las necesidades presupuestarias del Consell y a la "infrafinanciación" de la Comunitat.