Las Provincias

Alicante, 19 oct (EFE).- El concejal de Urbanismo de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha afirmado hoy que el anterior gobierno municipal, del PP, fue el que aprobó una "suspensión de licencias" de obras que afecta, entre otros edificios, al Palacio de Justicia de Benalúa.

Pavón se ha referido así a la imposibilidad de acometer una reforma estructural en esa sede, una antigua cárcel donde murió el poeta oriolano Miguel Hernández tras la Guerra Civil, anunciada esta mañana por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Según el también vicealcalde, el anterior gobierno municipal aprobó, mediante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una suspensión de licencias para una serie de bienes e inmuebles que carecían de otra figura de protección a través de otros planes o normativas.

"Esa suspensión de licencias sigue en vigor porque nosotros hemos incorporado al catálogo de protecciones todos los edificios que el anterior equipo de gobierno propuso proteger", ha precisado.

Pavón ha matizado que la sede de los juzgados alicantinos aún no figura oficialmente como un bien protegido y en cualquier caso su catalogación no impide que "no se puedan hacer cosas en él".

La consellera de Justicia, quien se ha reunido esta mañana para abordar este problema con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha indicado a los periodistas que el edificio sí puede ser rehabilitado.

Sin embargo, según Bravo, la superficie utilizable para dependencias no puede ser ampliada ni tampoco podría excavarse en su subsuelo para albergar archivos, tal y como recoge el proyecto básico de reforma elaborado por la Conselleria.

Para Pavón, éste es "un tema exclusivamente técnico y habrá actuaciones que serán autorizadas y otras que tendrán que ser moduladas en función de la protección que se quiere para ese edificio".

"Debe ser compatible la reforma que se planteó con la protección del edificio", ha dicho el concejal de Urbanismo.

Previamente, tanto Bravo como el alcalde ya habían señalado, en declaraciones a los periodistas, que los técnicos municipales debían determinar qué clase de actuaciones pueden llevarse a cabo en el palacio judicial.

Las dos administraciones ya barajan como alternativa la búsqueda de un edificio próximo a la sede para que albergue varios órganos judiciales de una misma jurisdicción.