Las Provincias

Valencia, 19 oct (EFE).- Les Corts Valencianes han aprobado hoy, con los votos a favor de todos los grupos excepto del PP, que ha votado en contra, la ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, con la que se busca cerrar "las puertas giratorias".

La iniciativa, presentada por Compromís, fue modificada durante su debate en comisión, donde ya se introdujeron rebajas a las restricciones previstas en la proposición inicial, y hoy en el pleno se han realizado más cambios en la norma, con la aprobación de 22 enmiendas.

Así, se ha acordado rebajar de cinco a tres años el tiempo en el que consellers y secretarios autonómicos no podrán ofrecer sus servicios ni ejercer cualquier otro papel mediador o formar parte de órgano colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado.

Para el resto de afectados por esta norma, el plazo pasa de cinco a dos años, según el acuerdo alcanzado por los parlamentarios.

También se ha rebajado la obligación de los altos cargos de inhibirse y la limitación para suscribir contratos con empresas participadas por familiares del cuatro al tercer grado de consanguinidad y del tercero al segundo de afinidad, directa o indirectamente.

La norma crea también el Registro de Control de Conflictos de Intereses, adscrito la Conselleria competente en materia de transparencia, que será de acceso público e incluirá datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo público y estén afectadas por esta ley.

El PP ha votado en contra por considerar que se trata de una "mala ley" que será "un fracaso" ya que, según el diputado popular Alfredo Castelló, ni cierra las puertas giratorias ni resolverá aquellas cuestiones que se quieren atajar.

Castelló ha denunciado que el debate de esta ley ha supuesto "ocho meses de rebajas" y de "miedo, chantaje y fracaso", y ha considerado que al final, la política será "para funcionarios, para docentes y para ricos de familia", pues se complica la vuelta a la propia empresa privada, pero no a otras.

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha defendido la necesidad de esta ley, aunque ha reconocido que no ha sido fácil alcanzar acuerdos porque "no es fácil encontrar un equilibrio entre regular los conflictos intereses que preocupan a la ciudadanía y garantizar el derecho al trabajo".

La socialista Clara Tirado ha reconocido que la iniciativa "puede ser polémica" por el grado de responsabilidad que otorga al cargo público y por las consecuencias sobre su futuro laboral, pero ha considerado que "es necesaria y oportuna para dar repuesta a las inquietudes de la ciudadanía".

Ha agregado que los diputados tenían que hacer esta ley "huyendo de demagogias populistas" y ser capaces de establecer "algunas barreras a posibles prácticas que pudieran derivar en corrupción", y se ha mostrado convencida de que si la ley no es la mejor, sí es "la mejor posible".

Fabiola Meco (Podemos) ha manifestado que la ley es "oportuna y necesaria en un momento de desconfianza hacia la clase política, en la que hay tendencia a cruzar puertas de manera indebida y a los conflictos de intereses".

Según Meco, "no se trata de hacer que ser alto cargo sea indeseable, pero hacen falta medidas legales para evitar la contaminación de intereses" y para que los altos cargos "ejerzan sus funciones con imparcialidad", y son necesarias "prohibiciones y un régimen de control".

Juan Córdoba (Ciudadanos) ha valorado las mejoras introducidas en un texto que hubieran votado en contra tal y como estaba planteado en un inicio, pero que finalmente han apoyado a pesar de considerar que tiene "luces y sombras", ya que se ha mejorado de forma "ostensible".