Las Provincias

Valencia, 23 mar (EFE).- El Observatorio del derecho universal a la salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) ha pedido más esfuerzos para avanzar en el acceso a la sanidad universal ante la persistencia de dificultades en el acceso a la asistencia de menores, embarazadas y afectados por urgencia o enfermos graves.

Así lo indica el duodécimo informe de Odusalud, que constitutó en octubre del año pasado un grupo de seguimiento para analizar las incidencias desde la publicación del decreto ley autonómico sobre la universalización de la Sanidad, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

El observatorio, integrado por 85 asociaciones, organizaciones profesionales o fundaciones, señala que el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto ley por parte del Tribunal Constitucional permite de nuevo su aplicación plena en toda la Comunitat Valenciana.

En su auto, el Tribunal antepone "la importancia en el marco constitucional del derecho a la salud y a la integridad física de las personas afectadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, frente a un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".

Se trata, según Odusalud, de "un paso necesario pero no suficiente" porque el decreto ley 3/2015 sigue pendiente de la decisión definitiva del propio Tribunal y el Real Decreto Ley 16/2012 sigue vigente en el ámbito nacional.

Odusalud ha seguido detectando después de la suspensión temporal de este decreto situaciones de exclusión sanitaria, en algunos casos por situaciones que el propio decreto dejaba al descubierto y en otras por errores de aplicación por parte del personal administrativo de los centros.

Y denuncia la persistencia de dificultades en el acceso a la asistencia de menores, mujeres embarazadas, personas afectadas por urgencia o enfermedad grave, por exigencias como la acreditación y tramitación previa.

Odusalud solicita que la administración valenciana informe a la población sobre el levantamiento de la suspensión temporal del decreto Ley y su aplicabilidad inmediata, y propone la formación "adecuada y urgente" de todo el personal de los centros sanitarios sobre los procedimientos en materia del derecho a la atención sanitaria en vigor.

En el ámbito nacional exige la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como "origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud".

Odusalud considera imprescindible que se abran los espacios de comunicación previstos por el propio decreto entre las entidades comprometidas con el derecho universal a la sanidad y la Conselleria para avanzar en el proceso de aplicación del Decreto Ley y en la superación de las situaciones de exclusión sanitaria.

El observatorio ha expresado su preocupación y repulsa por "las últimas propuestas, actuaciones y dejación de funciones" de las instituciones y gobiernos europeos en relación con la acogida de refugiados.

Para esta entidad, se trata de "una crisis humanitaria sin precedentes desde el final de la II Guerra Mundial que vulnera claramente el Derecho Universal a la Sanidad de las personas y a la que no han querido hacer frente las instituciones y estados europeos, incumpliendo así sus obligaciones contraídas con la firma de tratados internacionales sobre la materia".