Montevideo, 8 ago (EFE).- El Gobierno uruguayo negó hoy en el Parlamento que esté detrás de cualquier escucha ilegal a políticos u otros ciudadanos y un sector de la oposición ratificó que tiene sospechas pero no pruebas sobre su realización.
Los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y el viceministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, concurrieron a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados convocados por el diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional o Blanco, principal de la oposición.
En el encuentro también participó la presidenta de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, Carolina Cosse.
Los ministros afirmaron que "bajo ningún concepto" desde sus áreas "se realizan escuchas ilegales", afirmó Trobo a Efe tras finalizar la reunión.
A pesar de ello "mantengo el criterio" de que hay "cosas sospechosas", señaló el legislador y agregó "aunque obviamente no puedo revelar las fuentes fui informado con detalle por ellas (sobre las supuestas escuchas ilegales)", agregó.
Trobo es el vicepresidente de la Comisión Bicameral (senadores y diputados) que estudia la fórmula para una Ley de Inteligencia Nacional.
El legislador reafirmó que en el país "hay tecnología disponible" y que "no está en manos del Estado" como para realizar escuchas ilegales.
Acceder a esas tecnologías, fabricadas en Europa y Estados Unidos, "no es ilegal porque está faltando en el país un marco legal para prohibirlas", agregó.
En opinión del diputado de la oposición el Estado uruguayo "está fallando" en dar a los ciudadanos "las garantías para mantener su privacidad".
El diputado oficialista Julio Bango calificó como "falsa alarma" la convocatoria de los ministros al Parlamento para informar sobre supuestas escuchas telefónicas.
"Fue una sesión rara porque no se aportó ninguna prueba, ni ninguna denuncia concreta, apenas conjeturas", aseguró a Efe el legislador del Partido Socialista.
Bango dijo que el encuentro "al menos sirvió" para que los ministros explicaran lo que está haciendo el Gobierno del presidente José Mujica en la lucha contra el crimen organizado "utilizando las nuevas tecnologías", en referencia a las escuchas legales.
Cuando hay sospechas fundadas de delitos como narcotráfico o lavado de dinero el fiscal del caso plantea a la Justicia la posibilidad de realizar esas escuchas, el juez que toma el caso analiza la situación, y si entiende que corresponde da una orden a la empresa de telecomunicaciones para las escuchas únicamente para ese caso y por determinado tiempo.
Las garantías "están dadas para todos" y el procedimiento legal "se cumple como debe ser en un país democrático", afirmó Bango.
El diputado Pedro Cersósimo, del opositor Partido Colorado y también integrante de la Comisión de Constitución y Códigos, dijo que los ministros afirmaron que "no saben ni conocen" ningún caso de supuestas escuchas ilegales y dejaron en claro que cualquier sospecha al respecto "será enviada a la justicia".
Durante la sesión en el Parlamento "se habló solo de indicios" de escuchas "pero nada mas que eso", agregó.
Cersósimo, abogado de profesión, afirmó que a su sector político "le preocupa" la "necesidad de aportar más herramientas tecnológicas" para que Uruguay sea "más efectivo" en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, aunque matizó que "debe haber garantías legales para todos los ciudadanos". EFE
