Estrasburgo (Francia), 19 mar (EFE).- Un grupo de ciudadanos españoles presentó hoy en Estrasburgo la primera demanda contra España por la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que reúne 105 casos de 305 padres e hijos que han objetado contra esta materia.
La demanda invoca los artículos nº8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar), 9 (Libertad de pensamiento conciencia y religión), y 2 del Protocolo nº1 (Derecho a la educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Asimismo, el escrito también expresa la queja por la violación del artículo nº 14 (Prohibición de discriminación) del citado Convenio y solicita una compensación equitativa, sin cuantificar, por "los daños morales causados".
También se pide la aplicación de medidas provisionales (art. 39 del Reglamento del Tribunal) "que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC".
Los demandantes están representados por los abogados José Luis Bazán y Francisco Javier Ramos Vega, ambos de Profesionales por la Ética, y Roger Kiska, de Alliance Defense Found, organización que ha participado como tercer interviniente en varios casos del Tribunal.
Bazán señaló, en unas declaraciones a Efe, que los demandantes "no renuncian a sus derechos" y es el Estado "quien tiene que renunciar a su arbitrariedad".
"Hay niños objetores que han tenido que ir al psicólogo", dijo Bazán, y algunos directores de colegios "critican la conducta de los padres de los niños delante de ellos", al tiempo que subrayó la "presión existente por la espada de Damocles del concierto escolar".
De los 108 niños y niñas que firman la demanda, el 40% estudia en colegios concertados, el 35% en públicos y el 25% en privados. La practica totalidad estudia ESO y Primaria.
Casi la mitad de los alumnos, de entre 10 y 16 años, estudia en colegios de Castilla y León, pero también los hay de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia.
La representante de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, recordó, en una conferencia de prensa, que se han presentado 55.000 objeciones de conciencia para una asignatura que supone "adoctrinamiento y proselitismo", según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El Tribunal Supremo se pronunció el año pasado en contra de que se pueda objetar contra la asignatura de EpC.
Tamayo añadió que "la batalla continúa en Estrasburgo" y que es "una cuestión de conciencia", que "ha generado un conflicto social sin precedentes en España".
Por su parte, Miguel Gómez Agüero, padre de 4 hijos, dos de los cuales no entran a clase de EpC, acusó de "insensibilidad" al Gobierno y afirmó que "la libertad tiene un precio, también para un niño de 11 años".
Veinte familias demandantes se han trasladado a Estrasburgo desde España para apoyar a los abogados que presentaron la demanda. EFE
