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Vista del patio interior del edificio, diseñado por el arquitecto catalán Antoni Bonet. :: igor aizpuru
Tribunal Constitucional: en el búnker de la constitución
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Tribunal Constitucional: en el búnker de la constitución

Interpretan desde la ley del aborto al euro por receta. Los guardianes de la Constitución han recortado en coches y sueldos y tratan de hacerlo en polémicas. «Están un poco verdecitos», deslizan sus letrados

ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO

Lunes, 7 de abril 2014, 09:45

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Son las 10.30 de la mañana del martes y por la puerta de acceso al Tribunal Constitucional, ese 'flan' dorado que abre tantos telediarios, entra un hombre canoso, alto y muy delgado que no para de mirar nervioso de un lado para otro. Está sorprendido por la presencia de los periodistas. Javier Jiménez Campo, el secretario general, una institución, parece tan sorprendido como los policías y ujieres que conversan en la entrada, junto a una alfombrilla de goma roída por los 400 trabajadores de la casa: «Por aquí ha venido la prensa a cosas muy puntuales, como alguna entrevista o un acto muy señalado. Pero nunca a contar cómo funcionamos. Con todo lo que ha llovido...».

A Jiménez Campo le han quitado el coche y el chófer. En 2013, el máximo tribunal del país decidió adelgazar su parque móvil «como medida de ahorro». El secretario general y el jefe de gabinete del presidente dejaron de disponer de auto oficial. Los viejos Alfa Romeo que traían de cabeza a los magistrados se sustituyeron entonces por Peugeot 407. El presidente, Francisco Pérez de los Cobos, sigue con el Audi A8 que heredó de sus predecesores. Hay más: dos Ford Focus para incidencias y el Mercedes de puertas megablindadas, regalo de los Reyes al Constitucional tras las Olimpiadas del 92. Pesan tanto al abrirlas y cerrarlas que apenas se utiliza.

Pero las puertas del Mercedes no son las que más cuesta abrir en la quinta institución del país. En sus 34 años de historia, el único tribunal español que puede quitar la razón al Supremo, el que interpreta la Constitución por encima de las decisiones de los parlamentos o de las consultas populares, prefiere trabajar con discreción, lo más refugiado posible del ruido ambiental que han provocado algunas de sus resoluciones y nombramientos. Siempre a dedo: 4 elegidos por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno. La sociedad ha terminado viéndolo como un instrumento partidista, la tercera Cámara donde los políticos continúan sus interminables querellas a golpe de recurso de inconstitucionalidad: la expropiación de Rumasa, la ley del matrimonio homosexual, la del aborto, los recortes del gasto social, el euro por receta, la libertad de Arnaldo Otegi...

Los años espantosos

Basta con asomarse unos minutos al despacho de uno de los letrados jefe, desbordado de libros, ideas y datos, para repasar las «simas» de la institución y palpar la amargura, el disgusto que causa a los funcionarios verla tan debilitada. «Pasamos de la etapa fundacional, a la consolidación de los derechos fundamentales. Y de ahí a una situación horrorosa, terrible, los años espantosos en los que se hundió el tribunal».

La grieta de la que habla este respetado catedrático creció con el caso del Estatuto catalán, cuando tardaron más de cuatro años en decidir sobre su constitucionalidad: de 2006 a 2010 para una sentencia ambigua que no satisfizo a nadie. La ola de desligitimación aumentó en 2011 con el fallo favorable a la legalización de Bildu, contra el criterio del Supremo: «Fue lo más duro porque pusieron en la picota a los seis magistrados que lo aprobaron».

La situación se agudizó con el bloqueo de PSOE y PP a la renovación del Constitucional durante tres años, y entró en parada cardio-respiratoria cuando, tras la legalización de Sortu, algunos políticos del voltaje de Esperanza Aguirre pidieron la disolución de la primera instancia judicial de España. Juan José González Rivas ingresó en 2012, en plena resaca. A su despacho, en la sexta y última planta de este búnker con comisaría propia, no se llega por equivocación. Es grande, austero. Las ventanas recuerdan a una colmena por la que entra una luz grumosa. El techo alto. Las paredes blancas, sin mucho esmero. A las puertas les vendría bien una mano de barniz. El mobiliario negro: dos sofás, una mesa con tres sillas, una escalerita para llegar a la biblioteca que forra la sala, otras tres butacas junto a su mesa cubierta por carpetas. Ni un solo adorno. Solo se oye el silencio. Juan José está concentrado en la sentencia que prepara esta semana. Tiene los ojos pequeños, la chaqueta de lana abotonada hasta arriba. Deja los papeles y mira con sonrisa bondadosa.

- Sí, es cierto que fui designado por el PP, pero no hay dependencia partidista. ¡No la hay! Cuando corriges a los políticos no les gusta, pero nosotros seguimos con nuestro trabajo, en un clima personal de afecto. No hay incomunicación entre el supuesto sector conservador y el progresista. Es todo lo contrario. Estudiamos los casos con entusiasmo. Aquí nos tienen, no somos distintos ni distantes».

La dependencia política de los togados es discutible cuando el propio presidente tiene carné del PP, aunque el TC acabe de decir que la afiliación de Francisco Pérez de los Cobos no permite afirmar su falta de imparcialidad. Los magistrados pueden pertenecer a partidos políticos (si no son dirigentes), como en Alemania, Italia o Francia. Otra cosa es que la noticia haya caído mejor o peor en un momento en el que la institución busca por todos los medios la pacificación, la estabilidad, la unanimidad en temas tan sensibles como el referéndum de Cataluña. La etapa actual es complicada. Por ese retraso sin precedentes en su renovación, estos doce togados han sido elegidos en los últimos tres años y medio. No había ocurrido jamás. La Constitución prevé mandatos de 9 años y una fórmula para sustituirlos por tercios cada tres años, de manera que cuando entran cuatro nuevos, haya otros cuatro con una experiencia de seis años y otros cuatro con una antigüedad de tres. El letrado jefe dice que el actual tribunal, de mayoría conservadora, «está verdecito».

- ¿Se nota?

- Mucho.

Los doce guardianes de la Carta Magna proceden del mundo universitario y de la judicatura, algunos con currículos de 92 páginas, como Juan José González Rivas. La mayoría con trayectorias impecables y el afán de trabajar «en red, en equilibrio. Nosotros no juzgamos. Aquí hay un diálogo entre lo que dicen los juristas de los ciudadanos, otros tribunales y nuestra interpretación de la Constitución. El trabajo es intenso, la máquina no para», describe Adela Asua, la vicepresidenta.

Esta semana ha sido de estudio. La siguiente habrá pleno donde los magistrados decidirán sobre el par de sentencias que como máximo ha preparado cada uno. Pero todos analizan las de sus compañeros porque los fallos son colegiados, aunque haya votos particulares. Las mesas están repletas y el calendario apretado.

Las semanas son alternas. En las jurisdiccionales se reúnen en las dos salas los lunes; y en pleno, martes, miércoles y jueves. No piensen mal. Los viernes no hacen pira. Las deliberaciones son por la mañana, pero no es extraño que se extiendan a la tarde. La semana siguiente se encierran en sus despachos a estudiar, aunque hay quien prefiere hacerlo, «a veces», en casa. No fichan. Si lo hicieran, más de uno casi doblaría la jornada de los funcionarios. «A mí me gusta llegar hacia las ocho de la mañana y marcharme a las ocho de la noche», comenta González Rivas. Los letrados aún recuerdan a un magistrado emérito que despachaba los viernes pasadas las siete y media de la tarde: «Temblábamos».

Cerca de sesenta abogados con pedigrí prestan servicio al tribunal. Son los que firman las admisiones de los asuntos y preparan los borradores de las sentencias. De ellos, solo cinco son funcionarios, todos jefes de servicio. El resto son nombrados por el Pleno, a propuesta de tres magistrados. A dedo, como ellos. Abundan los catedráticos, jueces, fiscales... «No hay roces. Es muy frecuente que a un magistrado no le guste un informe de un letrado y se lo pida a otro. No pasa nada. Se trabaja bien, con medios importantísimos. Para nosotros es esencial la biblioteca. Y si necesitas un libro, lo tienes. Lo compran. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el Tribunal Supremo. Aquí funciona todo menos el ascensor», sentencian tres letrados en un receso de su jornada.

«He visto de todo»

No es broma. Están cambiando los elevadores y no terminan de procesar bien la información: le das al menos dos para visitar los fondos bibliográficos que custodia César -ordenanza con dos carreras, cuatro idiomas- en un espacio ganado al parking y te plantas sin quererlo en el tercero.

Al principio tiene su gracia, pero cuando el trabajo de uno consiste en subir y bajar carros repletos de jurisdicción la cosa cambia. El edificio tiene un pabellón central troncocónico, donde los despachos se reparten alrededor de un patio circular. La sala de vistas, la biblioteca y el salón de actos se ubican en tres pequeños flanes conectados al grande. Antoni Bonet, el arquitecto catalán que veía sus creaciones en movimiento, girando, cambiando de dimensiones, proyectó este inmueble para la aseguradora Previsión Sanitaria Nacional que nunca llegó a ocuparlo. Cuando el tribunal se formó en 1980, sus fundadores buscaron en Madrid algo diferente a todo, rompedor, y se instalaron en esta enorme colmena, propiedad de Patrimonio Nacional. Si Bonet llega a saber que Antonio Arias iba a pasar su vida subiendo y bajando toneladas de papel quizás habría diseñado algo más cómodo. El coordinador de los 18 conserjes es un hombre menudo, con aire cansado. Frena su carro y baja un poco la cabeza para ocultar una mirada en la que se revuelven cosas que no quiere que nadie vea.

- Con los recortes voy a tener que trabajar hasta los 65, pero podría haberlo hecho a los 64, dentro de un año. Aquí el trabajo es bastante distinto al resto de la Administración. Se trabaja más. Nos organizamos por plantas. El meneo de documentación es constante y las escaleras son incómodas. Tiramos de ascensor, pero ahora andan mal.

- 34 años de despacho en despacho. Ha tenido que escuchar mucho.

- He visto y oído de todo. Pero hay cosas que no se pueden decir. Lo importante es el día a día. Aquí trabajamos con responsabilidad, sin alborotos.

Los sindicatos asienten. José Benito, presidente de la junta de personal, no recuerda «nada raro. Los derechos que se han perdido no son por culpa del TC sino por los recortes que afectan a todos los funcionarios. El edificio no es el más adecuado, pero es lo que hay. Y en comparación con el resto de la Administración de Justicia, las condiciones son bastante mejores».

En la planta tercera la moqueta recobra el azul que ha perdido en la sexta, aunque el gotelé se desconcha igual en las esquinas. Aquí se ubican los despachos del presidente y la vicepresidenta. Adela Asua farda de bilbaína: fotos con el alcalde Azkuna, su título de ilustre de la villa y el correspondiente bastón, orquídeas blancas en plena floración, un ejemplar del 15 de abril de 1931 de la Gaceta del Norte con la proclamación de la II República. Todo lo demás son expedientes y libros.

- Somos los continuadores de la Constitución, la tenemos que interpretar en 2014. Y para ello es importante que se preserve la pluralidad, no solo en la clave de progresistas o conservadores, sino desde las diferentes sensibilidades de las comunidades autónomas, que se facilita a través de nuestra designación en el Senado. Pero también es importante contar con diferentes procedencias profesionales y sociales y con un equilibrio de mujeres y hombres. ¿Qué pasa que no hay mujeres aquí?

Los cafés

Asua, ponente de la consulta catalana -los asuntos se asignan de manera automática, por puro orden, ni se eligen ni se reparten por especialidades-, y la barcelonesa Encarnación Roca son las únicas magistradas del tribunal. Están animadas con la conversión de la sala donde se guardan las togas -apenas se usan porque los excelentísimos señores se visten de largo en ocasiones excepcionales- en un lugar donde tomarse un café con charleta. Han reagrupado tres sofás alrededor de una mesa y una cafetera que todavía no saben muy bien cómo funciona.

Los empleados tienen su rinconcito en el sótano. Una pequeña habitación con máquina de café, otra de refrescos, dos neveras y dos microondas. Pegada está la contrata desde donde Carmen García, una mujer que siempre parece de buen humor, sube cafés a los despachos de magistrados y letrados si los ascensores no se ponen tontos. Siete años bandeja va, bandeja viene.

- La gente es muy normal. Todo el mundo me trata con cariño. Todos son encantadores. No se dan la importancia que tienen.

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