El viernes comienzan las clases 338.000 estudiantes de Secundaria en un curso que será polémico, teniendo en cuenta que las medidas de ajuste decretadas por el Gobierno el pasado mes de abril, que buscan reducir el gasto educativo, tendrán especial incidencia en estas enseñanzas (ESO, Bachillerato y FP). En este caso, al incremento de las ratios máximas -es la única etapa donde sube la media en las escuelas públicas-, se suman el aumento de las horas lectivas del profesorado, que pasarán de 18 a 20 a la semana. El cambio no afecta a la jornada total, que sigue siendo de 37,5 horas, sino que los docentes deben organizarse restando horas complementarias o de libre disposición, que son las que se emplean para la preparación de las clases, tareas de formación o de organización interna del centro. En palabras del secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV, Miguel Ángel Vera, el cambio supondrá que «tendremos menos horas para corregir muchas más libretas y exámenes».
Sirve un ejemplo práctico para hacerse una idea. Un docente de cualquier especialidad de ESO puede ganar un grupo más con las nuevas condiciones laborales. Traducido en número de alumnos, en el peor de los casos pasará de atender 180 estudiantes en un año a 245. Según Vera, sí se darán casos de aulas que alcancen la ratio máxima. Según la conselleria, serán situaciones más que excepcionales.
Se trata de una de las conclusiones de la rueda de prensa que ayer por la mañana organizó la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV en la entrada del IES Juan de Garay de Valencia. La elección no fue casual, teniendo en cuenta que es uno de los pocos centros que todavía no incluye el primer ciclo de la ESO, algo que a juicio del sindicato se debe a la mala planificación de las infraestructuras educativas, al faltar, al menos, dos IES para dar servicio al distrito de Jesús-Patraix, uno de los más deficitarios de Valencia. Es decir, al no haber nuevos centros, se mantienen en colegios de Primaria, algo que la misma LOE desaconseja.
Para Vera, las nuevas condiciones del profesorado supondrán una merma de la calidad educativa: la carga de trabajo generará más estrés -los docentes son un colectivo que sufre especialmente el síndrome del quemado-, dificultará la detección temprana de necesidades educativas y también afectará a los refuerzos para alumnos con problemas de aprendizaje. Además, recordó que la pérdida de poder adquisitivo del colectivo desde enero de 2011 ya supone dos nóminas completas.
La Federación también criticó la posibilidad de que los directores puedan, en los próximos años, seleccionar al 20% de su profesorado interino, una medida que se desprende de los contratos programa, pensados para sintetizar actuaciones que el centro pondrá en marcha para luchar contra el fracaso escolar. La idea es que esta selección esté vinculada a la puesta en marcha de iniciativas concretas, como repasos, adaptaciones curriculares o la detección precoz de problemas. Para el sindicato, la selección «es peligrosa» porque abre la puerta a perpetuar la interinidad en el sistema, en lugar de fomentar la creación de plazas para funcionarios de carrera.
También se criticó la implantación de la zona única, que busca favorecer la libertad de elección de centro sin tener que ceñirse a los situados en las proximidades de la vivienda. Para CC. OO. PV, permitirá a los colegios concertados seleccionar al alumnado, ya que el punto de la baremación que otorga el consejo escolar podrá llegar a ser determinante en el proceso de admisión.
La eliminación de centros de formación docente (Cefires) o la «marginación» del valenciano en el nuevo modelo plurilingüe son otras de las críticas del sindicato, que augura un inicio de curso conflictivo. La primera cita llega mañana viernes en el IES Luis Vives de Valencia, con una protesta de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública.
