¿Será España la próxima en caer tras Grecia, Irlanda y Portugal? Es la pregunta del millón. Más bien del billón de euros, que es lo que el país debe al exterior, mientras los llamados mercados intensifican el acoso a la deuda soberana con una prima de riesgo insostenible. El temor a un rescate total, a una intervención de la economía en toda su extensión, crece por minutos. Si el auxilio al sistema financiero ha obligado al mayor tijeretazo de la historia reciente (65.000 millones de euros), muchos analistas dan por hecho que un torniquete en condiciones para frenar la sangría de la deuda exigiría sacrificios mucho mayores. Es tremendamente difícil aventurar las eventuales condiciones de ese rescate, que a buen seguro todos tratarían de calificar de ‘blando’; no en vano España sigue siendo el último muro de defensa de la propia divisa común, y su debacle pondría a los pies de los caballos a Italia y Francia. A partir de entonces, el euro, tal y como lo conocemos, sería historia.
El derrumbe del bastión ibérico abriría la puerta de salida del euro a Grecia y daría pábulo a los que, sobre todo desde los países que aún conservan la envidiada triple A de las agencias de ‘rating’, apuestan por una Europa partida en dos. Lo que es seguro es que si Rajoy pide el apoyo de sus socios, el Estado de bienestar del que disfruta España saltaría por los aires. Aunque, como han subrayado propios y extraños, el país no es Grecia, Irlanda ni Portugal, las exigencias comunitarias tomarían en primera instancia el mismo camino que en aquellos rescates.
El problema es que España llegaría a ese hipotético peaje muy débil y en un estado de creciente irritación social. En primera instancia, Europa podría exigir desmontar el Estado autonómico en su versión actual y más ahora cuando algunas reconocen que no tienen liquidez y piden dinero al Estado. Junto a esto, los ‘hombres de negro’ de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) se instalarían en el despacho de Cristóbal Montoro para fiscalizar hasta el último euro de las arcas públicas. La experiencia demuestra que los primeros en sufrir el rigor europeo serían los pensionistas, seguidos de los funcionarios, los parados y los consumidores, que se enfrentarían a nuevos impuestos.
Bruselas presta dinero, pero también se garantiza la devolución. Por eso no sería de extrañar un programa acelerado de privatizaciones (Loterías, Aena o Renfe...) y la imposición de achicar la Administración hasta la mínima expresión. El sistema financiero, que vive su particular rescate, también cambiará. Esto es seguro, llegue o no el gran auxilio.
