La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Generalitat a abonar más de 150.000 euros por la deuda suscrita con cuatro proveedores del ámbito sanitario o asistencial.
Así, se anulan las resoluciones negativas por silencio administrativo de la administración regional por ser consideradas contrarias a derecho, y se añaden a las cantidades reclamadas intereses de demora u otras cantidades en concepto de costes de cobro.
Estas cuatro sentencias, dos del pasado mes de enero y otras dos de abril, han sido hechas públicas hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana .
La Conselleria de Bienestar Social deberá abonar 20.380,39 euros más intereses legales y costas de un máximo de 1.200 euros a las mercantiles Secopsa y Geroresidencias por la gestión del centro de día de l'Alcudia ( Valencia ).
Esta misma Conselleria habrá de pagar 10.918,25 euros a Adesval por el contrato de reforma de pavimento de la residencia de la tercera edad de la calle San Vicente de Ademuz.
La Conselleria de Sanidad ha sido condenada a abonar 15.692,03 euros, más 486,43 euros en concepto de costes de cobro, a la mercantil Drager Medical Hispania por 51 facturas impagadas; y otros 100.689,48 euros, más 1.880,78 en concepto de costes de cobro, a la firma de suministros médicos Prim por 291 facturas.
