Ana Suárez, andaluza de 27 años, esperaba estar dando clases en algún colegio a estas alturas... hasta hace tres meses. Llevaba preparando las oposiciones de la Junta de Andalucía desde que acabó de estudiar, hace seis años. Ahora, le faltan las ganas y el dinero. Aún sin trabajo, hay que seguir pagando la academia donde se preparaba. Su oportunidad iba a llegar en junio, pero en abril se canceló la convocatoria. 1.700 plazas que ya no serán. Ella y muchos de los 33.000 estudiantes que estaban apuntados se han dado por vencidos.
Alguno –aunque pocos– sigue mirando el temario de reojo. Las alternativas de Isabel Honrubia tampoco son mejores. Licenciada en Historia del Arte, aspiraba a una plaza de profesora de Geografía en Secundaria, pero ha terminado sirviendo copas los fines de semana y dando clases a chavales entre semana, y «eso solo son seis horas». Daba igual irse de su Castellón natal a echar suerte. Buscaba «la estabilidad» del empleado público.
Otros, como Javi Martín, queman los últimos cartuchos. Él opta a interventor de ayuntamiento: «Son las últimas oposiciones, es probable que no haya más en mucho tiempo. Es una estimulación extra». A este bilbaíno no le disuaden las nuevas condiciones para los funcionarios. Aparcar los libros no entra en sus planes: «La garantía laboral no la tienes en ningún sitio en estos tiempos. Pero es más fácil que cualquier empresa se declare insolvente antes que una institución pública».
– Entonces, ¿sigue siendo atractivo ser funcionario?
– Estamos hablando de un sueldo de 2.800 euros al mes.
Para quien aún no ha podido entrar en el mercado de trabajo, la plaza de funcionario es lo más parecido al paraíso; para quienes están allí, no lo es tanto. Congelaciones de sueldo, recortes, más movilidad y la reciente eliminación de la paga extra de Navidad resumen la progresiva pérdida de privilegios del colectivo en los últimos tiempos. Y lo peor es que nadie asegura que la situación no empeore. No es de extrañar que alguno empiece a replantearse el futuro.
Es el caso de Marta –no da apellido ni especialidad por si tiene que «pedir algún favor»–, que estaba a un paso de la plaza soñada. Profesora interina en un instituto de Cantabria el año pasado –1.100 euros al mes–, este curso va a aceptar una oferta de un colegio concertado para no estar pendiente de listas, aunque quiere permanecer en ellas a toda costa por lo que pueda pasar en el futuro. «Las condiciones son peores, con más horas y menos dinero, pero así no tengo que estar esperando a ver si llego; además, imagino que algún liberado sindical vuelva y haga más complicado acceder a una plaza. Y ya se ve que la convocatoria de oposiciones se puede alargar». «No es tirar la toalla: es aprovechar una oportunidad», sentencia.
Ella, a fin de cuentas, tiene la fortuna de poder elegir. No siempre es así. Es lo que le pasa a Javier Ballesteros. Después de oposiciones, concursos y bolsas de trabajo logró formar parte del personal de mantenimiento de la Universidad de Málaga. Interino. Se lleva 1.200 euros al bolsillo, tiene tres niños pequeños –el mayor, tres años–, y la mujer en excedencia, porque les sale más caro contratar a quien los cuide. Él ya iba al límite, así que el último ajuste le ha «machacado». «Ahora ya estoy tirando de ahorros; saco más de lo que meto». «La paga que nos quitan me coincidía con el seguro del coche y de la moto y los gastos de Navidades. Hipoteca, guardería, impuestos... son cosas que se van acumulando de todo el año. No sé cómo lo haremos».
Recuerda que antes de opositar, hace diez años, «ganaba más en la calle». ¿Arrepentido? «Volvería a ser funcionario, pero seguiría en lo privado. Sería pluriempleado. O trabajaría en ‘B’, como todo el mundo. Debo ser de los pocos que va de legal».
La crisis puede llevarse por delante incluso la leyenda negra del funcionario ocioso, contra la que lucha Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F). «No se nos ha evaluado nunca. Hace falta que la Administración defina unos criterios objetivos para hacerlo, y eso nos serviría para acallar las críticas». Mientras aguarda ese examen, nada mejor que perder dinero y derechos para que disminuyan los reproches.
«Lo más fácil y rápido»
Borra, como muchos funcionarios, considera que ahora se les está utilizando por partida doble. «Por un lado, porque para el Gobierno es lo más fácil y rápido: en el ordenador aparecemos con nombres, apellidos y sueldos. Somos 2,7 millones y basta con dar una teclita. Por otro lado, cuando la situación económica es mala se despierta un recelo contra el empleado público. Nadie se acordaba de los médicos o de los profesores cuando un trabajador de la construcción ganaba más que ellos. Pero el paro hace mirar con envidia a quien conserva el empleo. Y los políticos pueden incluso sacar un rendimiento positivo de la medida».
Para Encarna de la Maza, enfermera del vizcaíno Hospital de Basurto, la jugada no es tan redonda. «Antes, el sector público tenía el atractivo de que te esforzabas y conseguías algo seguro y mantenías un nivel de ingresos. Ahora, las retribuciones están llegando a un nivel paupérrimo, los mejores profesionales no van a tener interés en sacrificarse para una oposición y se los rifará el sector privado». Cita, como prueba, los problemas de Osakidetza –el servicio vasco de salud– para encontrar radiofísicos. «No podía competir con el seguro privado».
Después de 36 años trabajando, ella se lleva a casa 2.700 euros que incluyen sueldo, antigüedad, complementos de hospitalización, de turnos, noches y festivos y desarrollo profesional evaluado. Dicho de otro modo, un recién llegado gana 1.500, después de un proceso que parece la lucha por la supervivencia de un documental de La 2.
Y no todo el mundo tiene opción a mejorar su salario, como atestigua Flor Fernández Barbadillo, funcionaria de las de toda la vida que el año pasado recibió la insignia de los 35 años en el tajo. Son 1.245 euros por su jefatura de negociado en la oficina territorial de Trabajo en Burgos. «Cuando entré hubo gente que renunció y se fue al sector privado porque pagaban una miseria». Ella aguantó. Sigue valorando el estar cerca de casa y, de momento, no trabajar los sábados, aunque no sepa si le dará para comprar el turrón. Más aún: es lo que le gustaría para su hija. «Está estudiando Derecho y Administración de Empresas, y yo le digo que haga una oposición a juzgados. Pienso que es lo mejor para una mujer, tal y como se está poniendo la cosa».
