La propuesta lanzada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de poner en marcha unas "pruebas censales" en los colegios e institutos de España para clasificar los mismos en un ranking nacional de centros está levantando ampollas.
Los sindicatos de enseñanza se han erigido en contra de esta iniciativa que, de aprobarse, "sólo generaría perjuicio en el sistema educativo" y va "en contra del principio de equidad", según denuncian desde la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO de Andalucía, que estudia interponer un recurso.
Se trataría de crear una plataforma en Internet con información sobre los resultados de las pruebas de evaluación que las administraciones hacen a todos los centros educativos públicos y concertados.
El secretario general de esta federación, José Blanco, ha explicado que este sindicato "siempre se ha manifestado contrario a la publicación de ranking en base a resultados de estudiantes", algo que, apostilla, impide la actual Ley de Educación de Andalucía (LEA), cuyo artículo 154 establece que "la evaluación de los escolares y centros deberá cumplir los requisitos de confidencialidad en el tratamiento de la información".
De esta manera, la propuesta del ministro "incumpliría" esta prescripción al hacer públicos estos resultados, una cuestión que, por ello, "podría ser incluso recurrida", según este representante sindical, quien, si bien se muestra partidario de que los centros educativos y los resultados de sus escolares sean evaluados, considera que el objetivo de esa acción debe ser "la mejora del éxito de cada estudiante, no publicar un ranking que no beneficia ni a los escolares ni al propio sistema educativo".
A juicio de Blanco, lo que el Ministerio de Educación desea es "imponer su modelo escolar neoliberal de la excelencia, un modelo segregador que se fomentaría con la creación de estos ranking en base a resultados, cuestión que incide muy negativamente en el carácter integrador que tiene necesariamente que primar en los centros educativos".
Por ello, ha adelantado que, "de decidirse unilateralmente actuar de esto modo, CCOO estudiaría vías legales para recurrir esta negativa decisión", que, en su opinión, sería "una muestra más de lo poco que le importa al Ministerio la educación pública".
