Imagen de la protesta. / Foto: Intersindical
Unos cuarenta representantes del comité de empresa y trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) han reclamado ante el Palau de la Generalitat la gestión "totalmente pública" de las empresas del grupo y que la nueva ley no parta de una situación coyuntural, sino que tenga "ambición de futuro".
Esta concentración se enmarca dentro de las movilizaciones convocadas para expresar el rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) previsto en RTVV y que, según el comité, supondrá "el desmantelamiento" del grupo, ha informado su presidente, Vicent Mifsud.
Los trabajadores portaban pancartas en contra del ERE y chalecos y camisetas rojas en los que afirman no ser los culpables y defienden una RTVV en valenciano , pública y de calidad.
Es "fundamental" que la modificación legislativa del Estatuto de RTVV no se lleve a cabo partiendo de la situación actual de crisis, según el escrito que han registrado en la Generalitat, que considera que la gestión privada "solo traerá precarización laboral" y no conseguirá reducir costes "como se ha demostrado en otras autonomías con ese modelo de gestión".
RTVV, añade, cuesta veintitrés euros al año por ciudadano, "lo mismo que la Televisión de Aragón con gestión privada y menos canales" y menos que lo que cuesta RTVE.
Además, afirman que el servicio público de RTVV es "más necesario que nunca" debido a la proliferación de cadenas ya que la presencia del valenciano en las cadenas que se pueden ver en la Comunitat Valenciana se ha reducido al 8 %.
Recuerdan en el escrito que el problema es de mala gestión y que, por tanto, hay que buscar medidas organizativas basadas en la producción propia, la programación infantil y juvenil y la pluralidad informativa, y teniendo en cuenta a la industria audiovisual valenciana .
Mifsud ha insistido en que el ERE es "demencial" y, en su opinión, solo "con lo que han saqueado a través de la trama Gürtel, se salvarían 300 trabajadores".
"Esa es la punta del iceberg", según el presidente del comité de empresa, que añade que la deuda generada "por la mala gestión" tendrá que ser asumida por la Generalitat.
