El sector público empresarial y fundacional de la Generalitat dispone ya de un diagnóstico y un tratamiento para acabar con la sangría económica que le supone a las arcas autonómicas: el quirófano. Por la sala aséptica pasarán 66 entidades, entre empresas y fundación públicas que quedarán reducidas a 18. Algunas firmas públicas o bien se disolverán, se fusionarán con otras o pasarán a venderse al mejor postor, aunque la mayor parte de ellas recibirán una amplia sesión de bisturí que les ayudará a adelgazar los gastos.
Pero la cifra más espectacular será la del personal despedido, que pasará de 7.555 trabajadores a entre 3.700 y 4.500, lo que supone un ahorro de 100 millones de euros.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Economía, Máximo Buch, quien ha dado a conocer cómo queda el mapa del sector público valenciano en el que se logrará un ahorro de 215 millones de euros.
El proceso de reestructuración acabará el próximo 31 de diciembre, y supone disminuir en dos tercios el sector público empresarial y fundacional, que se agrupa en seis áreas.
La actuación que ha aprobado hoy el pleno del Consell responde al plan estratégico de racionalización y reestructuración del sector público empresarial. Este plan está trazado por la firma consultora a la que se le encargó el estudio a finales del año pasado, Deloitte.
El sector público supone un coste anual para la Generalitat, según los presupuestos para 2012, de 2.419 millones de euros, cuando el año pasado el mantenimiento de todas estas entidades ascendía a unos 3.568 millones.
La deuda del sector público empresarial se sitúa en unos 1.300 millones de euros. Las fuentes consultadas indicaron que la aplicación de los Expedientes de Regulación de Empleo y la reorganización del sector, tras su cura de adelgazamiento, en los consorcios empresariales reducirá ese endeudamiento hasta dejarlo en unos 800 millones de euros.
Solamente las empresas públicas autonómicas han generado una deuda de 229 millones de euros desde el año 2008, de acuerdo con un estudio elaborado por la firma Russell Bedford España.
Al margen de esta remodelación del sector público empresarial, queda la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo en RTVV y la actuación en la Agencia Valenciana de Turismo.
Y mientras la consultora realizaba el estudio de cómo debía quedar el sector público, el Consell ha impulsado medidas para adelgazar diversas entidades que integran el sector, como los despidos de 212 empleados en el Instituto Valenciano de Vivienda (mantendrá a 116, unos 40 más de lo que se anunció), el futuro cierre de CIEGSA, la empresa encargada de la construcción de centros de enseñanza, o la rescisión de contratos de una treintena de trabajadores -la mitad de la plantilla, de la Fundación del Servicio Valenciano de Empleo, entre otras.
Con este adelgazamiento del sector público empresarial se pretende conseguir reducir entre un 40 y un 50% el número de trabajadores en este sector, que se eleva a unos 10.000.
El porcentaje de disminución del número de operarios en el sector público empresarial y fundacional lo dijo el vicepresidente del Consell, José Císcar, el pasado 23 de abril, cuando se reunión con los portavoces parlamentarios para hacerles entrega del proyecto de ley de RTVV.
No sólo ERE
En aquella fecha el número dos de Alberto Fabra en el Gobierno valenciano aseguró que esta reducción «no significa que todo sea a través de Expedientes de Regulación de Empleo. También se pueden privatizar empresas públicas y cuando se privatiza una empresa pública, los empleados pasan a depender de la empresa privada», aseguró.
Císcar reconoció que el Consell pretende hacer «mucho más pequeño» el sector público empresarial autonómico porque tal y como se encuentra en la actualidad «es insostenible».
El vicepresidente reconoció que las medidas que adopte el Consell en la reducción del tamaño del sector público empresarial y fundacional supondrán «un esfuerzo duro y doloroso», pero no tienen más remedio que acometerlo porque el Gobierno valenciano debe «garantizar la sostenibilidad de la administración».
El vicepresidente y portavoz del Consell aseguró, además, que los procesos de despido en el sector público «van a ser absolutamente objetivos y transparentes».
La aplicación del plan estratégico de racionalización y reestructuración del sector público está previsto que se aplique a partir del próximo mes de junio.
El Ejecutivo valenciano se está acogiendo a las nuevas condiciones económicas que ofrece la Reforma Laboral para aplicarla a los Expedientes de Regulación de Empleo.
