El juez del Tribunal Superior de Justicia José Ceres, que investiga la supuesta financiación irregular del PP regional y su conexión con la trama Gürtel, ha imputado al jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat, Juan Bover, con lo que el total de imputados es de 26.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Bover, que declaró como testigo el pasado 7 de mayo, declarará como imputado el próximo 25 de junio.
Este jefe de servicio de la Conselleria de Turismo también declaró como testigo en el denominado juicio de los trajes del caso Gürtel contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario regional del PP Ricardo Costa.
El Tribunal Superior de Justicia investiga en esta causa un supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, presunta falsedad documental en las elecciones generales de 2008 y una posible prevaricación en contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel "Orange Market".
Hasta ahora han declarado como imputados, entre otros, los supuestos responsables de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", el extesorero del PP Luis Bárcenas, la expresidenta de Les Corts Valencianes y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, la extesorera del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) Yolanda García y el ex vicesecretario de Organización del PPCV David Serra.
Las comparecencias judiciales de esta investigación continuarán mañana viernes con la declaración como imputado del exsecretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa, que fue juzgado y absuelto junto a Francisco Camps en la conocida como "causa de los trajes".
Hasta el próximo 11 de julio están previstas las comparecencias como imputados, entre otros, del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, la exconsellera de Turismo Angélica Such, y los empresarios Enrique Ortiz y Vicente Cotino.
La investigación de las cuentas del PPCV, procedente del Tribunal Superior de Justicia madrileño, fue asumida por el tribunal valenciano en mayo del pasado año tras detectar posibles irregularidades en la contratación pública de empresas vinculadas a la trama Gürtel.
El instructor de Madrid también observó indicios de delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 a través de una presunta financiación irregular del PPCV, partido que contrató a la empresa de la trama Gürtel "Orange Market" para que le organizara diferentes actos de campaña.
