«La situación es dramática». Júlia Checa, coordinadora de Valencia Acoge, alerta de que la deuda pendiente de las administraciones a las oenegés pone en peligro la atención a los inmigrantes. El impago asciende a 1,2 millones de euros, una cantidad con la que estaba previsto financiar 188 proyectos. La consecuencia es que la atención a este colectivo está al borde del abismo. De momento, cuatro centros de acogida ya han tenido que cerrar y dejar de asistir a los extranjeros. Y si la deuda sigue sin saldarse, augura más cierres.
«Estas personas se van a quedar en la calle, sin atención. Se verán obligados a volver al río y a seguir ocupando casas abandonadas», alerta Lola Duato, de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, que agrupa a 20 asociaciones y oenegés como Cáritas, Comunidades Cristianas Populares o la Asociación de Ayuda al Refugiado. Cinco años después del desalojo de decenas de inmigrantes del antiguo cauce del Túria, las personas sin hogar podrían volver a ocuparlo para resguardarse ante la clausura de albergues asfixiados por los impagos.
Entre las organizaciones que se han visto obligadas a dejar de ofrecer casas de acogida destaca un piso de atención a mujeres maltratadas, situado en el Puerto de Sagunto, con el que la Generalitat mantenía una deuda de 24.000 euros y que no aguantó más. Otro centro que asiste a inmigrantes sin techo «está en peligro de cierre» y una casa de Valencia que daba cobijo a este vulenrable colectivo cuenta con una orden de desahucio después de que la entidad de la que depende no pueda hacer frente a la hipoteca.
Checa destaca que esta situación agrava «la ya insuficiente red de asistencia existente en la Comunitat». Prueba de ellos son los asentamientos «de personas sin recursos en Valencia y en otros puntos, como el cuartel de Bonrepòs».
Para evitar el cierre de «más albergues y centros de acogida», un grupo de personas se concentró ayer frente a la Dirección General de Integración en Valencia para solicitar al Consell el pago de las deudas. La iniciativa fue convocada por la Mesa de Entidades de Solidaridad.
Tras la concentración, los representantes de esta agrupación se reunieron con la directora general de Cooperación e Integración, Herminia Palomares, y el secretario de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro. Fuentes de la Generalitat aseguraron que se garantizó el pago a las oenegés de la cantidad adeudada «lo antes posible» y aseguraron a los representantes de la Mesa que la partida de Cooperación y Solidaridad no se va a recortar por debajo de lo fijado en el presupuesto.
