El caso Nóos ya tiene a sus dos primeras víctimas políticas en la Comunitat Valenciana. El secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, y el exdirector de la Ciudad de las Artes y hasta ahora máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, maquillaron ayer de dimisión la invitación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para que abandonaran el cargo al ser imputados por el juez José Castro en la pieza separada del caso Palma Arena.
Lobón entró en la Ciudad de la Justicia el lunes en calidad de testigo y salió imputado por un delito de prevaricación. Con esa tarjeta de visita, sus horas en el segundo escalafón de la Generalitat estaban contadas y así fue. Previa conversación con el presidente Fabra, el secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, presentó su dimisión, para no dañar la imagen de la Comunitat. Su salida arrastró al actual director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, que estaba imputado desde principios de diciembre del año pasado y que ayer también abandonó el IVF tras cambiar impresiones con el jefe del Consell.
La salida de los dos altos cargos de la Generalitat responden a la máxima impuesta por Alberto Fabra y que ayer volvió a repetir: «Aquellas personas que estén inmersas en procesos judiciales van a tener que dejar sus responsabilidades». Fabra aludió a la «ejemplaridad» de los cargos del Partido Popular, algo que está grabado a fuego en las ponencias que el partido presentó el pasado domingo y que se debatirán este fin de semana en el congreso de Alicante.
LAS PROVINCIAS se puso en contacto con ambos. Luis Lobón reconoció estar «muy afectado» y rehusó hacer declaraciones. Jorge Vela, por su parte, remitió al comunicado que por la mañana envió a la Agencia Efe.
La consellera de Turismo, Dolores Johnson, señaló que fue el propio Lobón el que se mostró dispuesto a dimitir, aunque sí que es cierto que lo hizo tras hablar con Fabra. Johnson pidió ayer la «presunción de inocencia para Lobón». Vela, por su parte, en el comunicado que remitió apuntó que no quiere que el Instituto Valenciano de Finanzas y la Generalitat «se vean afectados en unos momentos complicados y convulsos como estos».
Vela, en su declaración el 13 de abril en Palma de Mallorca, apuntó que fue Luis Lobón el que le dijo en 2005 y 2006 que rubricara con Urdangarin el Valencia Summit con las mismas condiciones que se firmó en 2004. El yerno del Rey y su socio, el abogado Diego Torres, ingresaron 3,1 millones de euros por los tres congresos.
La dimisión de Lobón se ha produjo horas después de su imputación. La de Vela, en cambio, ha tardado meses aunque fuentes consultadas confirmaron que durante este tiempo mostró su disposición a dejar el cargo aunque es cierto que no hizo efectiva su salida. Incluso la semana pasada compareció ante la comisión de investigación de la CAM en Les Corts en calidad de máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas.
Pero la imputación de María Ángeles Mallent, número dos de Cacsa, fue clave para que Vela dejara ayer también el cargo. Se puso al descubierto que para la contratación de Valencia Summit no se elaboraron los informes preceptivos.
La diferencia entre el adiós de Vela y Lobón y el de los excargos de la Generalitat Josep Maria Felip y Alexandre Catalá, ambos imputados en la causa de las ayudas de Cooperación, es que estos dos últimos fueron destituidos por el presidente Fabra sin conversación previa. Desde la Generalitat quisieron poner en valor el paso dado tanto por Vela como por Lobón para dejar su cargo sin necesidad de enrocarse. El conseller de Economía, Máximo Buch, agradeció a Vela su gesto «para no dañar a la Comunitat» y señaló que el hasta ahora director del IVF «es un hombre honrado».
En el seno del PP valenciano existe recelo porque un amplio sector entiende que no se maneja la misma vara de medir sobre los imputados. En las filas populares hay otro caso abierto como es el vinculado a Gürtel por la presunta financiación irregular del partido y que estos días está de plena actualidad por el paseíllo en el TSJ de varios de los máximos referentes de la trama. Entre el lunes y ayer han pasado ante el magistrado José Ceres la 'creme' de las empresas de Francisco Correa, empezando por su líder y pasando por Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero.
La causa de la financiación tiene como imputados a varios diputados del PP como David Serra, Yolanda García, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such. Todos mantienen su escaño en Les Corts en la bancada popular.
Algunos cargos del segundo escalón del Consell, un cargo asimilable a los de Felip, Catalá y Lobón, imputados en la causa de la financiación mantienen su trabajo a pesar de haber pasado ya a declarar. Este es el caso de la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, y del jefe del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo, Jorge Guarro. Fuentes de Presidencia de la Generalitat señalaron que el caso Nóos y el de la financiación del PP valenciano no son equiparables «porque en este último se va en contra del partido y el resto afecta a personas».
La visión más extendida sería que destituir a Ibars y a Guarro es como reconocer que en el partido se han producido acciones delictivas sobre la financiación. Además, a los diputados de Les Corts se les podría expulsar del grupo pero en ningún caso retirarles el acta, ya que es de su propiedad. Las mismas fuentes apuntaron que el baremo entre Nóos y la financiación de Gürtel se mide «por su alarma social».
En el seno del PP valenciano existe cierto malestar por lo que consideran un trato diferenciado a los imputados cuando la máxima de Fabra era que no habría ningún cargo en esta situación dentro del organigrama de la administración autonómica. Tampoco se comprende en un amplio sector del PP que el líder del partido diga que no contará con imputados en su dirección pese a que ha dado puestos de relevancia en el comité organizador del congreso de Alicante a imputados por Gürtel como David Serra.
Otros diputados del PP como Pedro Hernández Mateo y la consellera Isabel Bonig también están imputados por causas diferentes y siguen en su cargo. Uno de los primeros en poner en cuestión la máxima de Fabra sobre los imputados fue su portavoz en Les Corts, Rafael Blasco, que recordó que el presidente en su día estuvo en esta situación y acabó en nada. El diputado Jorge Bellver también estuvo imputado en esta legislatura por prevaricación y al final acabó absuelto.
Reacciones de la oposición
Las dimisiones de Lobón y Vela provocaron las reacciones en cascada de los grupos de la oposición. El líder del PSPV, Ximo Puig, señaló: «Se demuestra que hay metástasis en el Gobierno valenciano y que van cayendo los que pueden caer». Su portavoz en Les Corts, Antonio Torres, apuntó que si Fabra «hubiera cumplido con sus compromisos los hubiera destituido».
El portavoz de Compromís, Enric Morera, apuntó que al presidente de la Generalitat «le ha faltado ejemplaridad en este caso» mientras que el síndic adjunto de Esquerra Unida Ignacio Blanco señaló que las responsabilidades «tienen que ir más arriba», por lo que pidió que el expresidente del Consell Francisco Camps renuncie a su escaño en Les Corts.
