El Consell de Govern de la Universitat de València (UV), reunido en sesión extraordinaria, ha reclamado la retirada del real decreto-ley 14/2012 que sube las tasas universitarias y que modifica la dedicación docente del profesorado.
El organismo expresa además su "malestar por la plasmación de un cambio del modelo universitario público, realizado mediante la aprobación sucesiva de normas de emergencia, cuyas medidas no han sido comunicadas previamente a la comunidad universitaria ni se han debatido en sede parlamentaria".
"Con el argumento de reducir el gasto público, lo que se está ejecutando es una transformación del modelo público de universidad, que funciona con consenso desde la recuperación de la democracia en España", ha advertido la institución académica en un comunicado hecho público este martes.
"Sin rechazar el inicio de un proceso de debate para la mejora del sistema --continúa--, el Consell de Govern denuncia la campaña de desprestigio de la universidad pública, acusada de ineficiencia y de falta de controles, cuando se trata de uno de los sectores más estrechamente sometidos a evaluaciones continuadas (en docencia, en investigación, en transferencia...) por parte de agencias de toda naturaleza: autonómicas, estatales e internacionales".
En este sentido, recalca que la contribución del sector universitario público al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo está contrastada por parte de instancias independientes, entre las que cita el informe del IVIE, entre otras.
De igual modo, el Consell de Govern rechaza el incremento "desproporcionado de las tasas, tanto en grados como en másteres, que restringe el acceso a la universidad en igualdad de condiciones, y que, en momentos de crisis como el actual, impedirá a muchas familias hacer frente a todos los gastos que implica la educación superior". Al respecto, añade tajante que "las medidas aprobadas mediante el mencionado decreto-ley provocan un riesgo de exclusión social".
Becas
En este contexto, la Universitat pide una política de becas "más amplia, que garantice la equidad social y que contrarreste las graves consecuencias económicas y sociales que causa la crisis económica, y recuerda que el actual volumen de becas en España representa, solamente, una tercera parte de la media de los países de la OCDE". En el caso de los estudiantes extracomunitarios, puntualiza, "el aumento de las tasas compromete el trabajo de internacionalización de la universidad española y las políticas de cooperación con las regiones del planeta más desfavorecidas".
"Contrariamente al mensaje que se está enviando a la sociedad respecto del rendimiento de los estudiantes, es necesario remarcar que los indicadores más solventes (OCDE) sitúan al estudiantado universitario español nueve puntos por encima de la media de los países más avanzados respecto a la finalización de estudios en el plazo previsto en los planes de estudio", ha defendido.
La UV, "como institución comprometida con la sociedad valenciana , no quiere contribuir a incrementar la exclusión social que las medidas adoptadas pueden implicar", insiste.
En su declaración, el consejo de gobierno agrega que "la modificación de las condiciones de trabajo del profesorado, realizada también mediante la aprobación de normas de emergencia, llega precedida de una campaña de desprestigio de las funciones docentes, investigadoras y de gestión". Esta medida, añade, "no incrementará la calidad de la enseñanza, sino que reducirá el nivel formativo del estudiantado, dificultará el desarrollo de las tareas de investigación y afectará el clima laboral".
Desde la Universitat argumentan que el aumento de la dedicación docente "tendrá como efecto un empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de numerosos puestos de trabajo" y, demás, "para la distribución de esta dedicación no se tienen en cuenta la multiplicidad de tareas y de situaciones concretas, lo cual puede generar obstáculos y desigualdades injustificadas entre el personal docente e investigador".
Llamamiento a la responsabilidad
La universidad valenciana hace "un llamamiento a la responsabilidad institucional de las administraciones públicas que promovieron el crecimiento y la expansión territorial del sistema público universitario, y que ahora imponen ajustes que comprometen la viabilidad futura del sistema en sus dimensiones y características actuales".
La Universitat de València resalta que esta comprometida con la mejora del sistema universitario pero mantiene que "no puede aceptar medidas que la obligarán a dejar de prestar un servicio público y de calidad esencial que garantiza el derecho al acceso a la enseñanza superior y la generación del conocimiento en beneficio de la sociedad y del resto de los niveles educativos".
Por todo ello, el Consell de Govern pide la retirada del decreto y la apertura del diálogo constructivo entre la administración pública y los órganos de representación de la comunidad universitaria. Asimismo, "hace un llamamiento a la comunidad universitaria, y también a la sociedad en general, a participar en la defensa y la mejora de la enseñanza universitaria como vehículo al servicio del progreso y de la cohesión social", concluye.
