La planta de Pinedo que ha dado lugar al caso Emarsa. / Jesús Signes
¿Y si el expolio de la depuradora de Pinedo sólo fuera la punta del iceberg? ¿Y si las irregularidades de facturación falsa y precios hinchados no sólo se hubieran consentido y/o propiciado en la planta que abastece a Valencia sino también en otras instalaciones de la Comunitat? Esto es lo que sostiene el PSPV en la denuncia que recientemente presentó en la Fiscalía Provincial de Valencia.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el departamento ha decidido abrir diligencias de investigación penal al considerar que existen indicios de que se pudo cometer algún delito. Además, según las mismas fuentes, la investigación recae en la misma fiscal que investiga el caso de Emarsa, con un desfalco ya cuantificado en el juzgado de 25 millones de euros.
En principio, las investigaciones -la de Emarsa ya judicializada- y la de lo que se puede llamar como el 'caso Epsar', según la terminología del PSPV, son pesquisas totalmente independientes. No obstante, no se descarta que, si en un futuro se observan conexiones entre ambos asuntos, estas puedan terminar uniéndose.
La denuncia del PSPV, que ha sido admitida por la Fiscalía, en resumen, pone en duda las adjudicaciones que la Entidad de Saneamiento de Aguas (Epsar), entidad dependiente en su día de la Conselleria de Medio Ambiente, realizó a las empresas encargadas de controlar cada una de las seis zonas en las que se dividió la Comunitat. En total, entre estas seis áreas se reparten 460 plantas.
Cada una de las depuradoras tiene dos contratos, uno con la empresa explotadora y otro con una firma que controla la citada planta. La denuncia plantea sospechas sobre los dos tipos de contrataciones.
En el primero de los casos se pone en entredicho que realmente se ejercitara la supervisión por la existencia «de vínculos societarios y empresariales». Por ejemplo, el control de la zona III (a la que pertenece Emarsa) se adjudicó a una UTE compuesta por IVA LEYING-INCIVSA. El administrador de la última firma era Juan Carlos Girbés quien, a su vez, era también gerente de la Empresa Mixta Metropolitana (Emimet), encargada de la distribución de agua.
Los contratos de explotación, por otro lado, también despiertan sospechas. José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar e imputado recientemente en el caso Emarsa, ha estado vinculado en el pasado a Facsa -recientemente fue despedido- y a Aguas de Barcelona. Se da la circunstancia de que ambas compañías, a través de diferentes empresas, controlan cerca del 40% de las depuradoras de la Comunitat.
Evidentemente, la imputación de Morenilla y Bernácer -ahora ya ex jefe de explotación de la Epsar- dio alas al PSPV para presentar la citada denuncia. El informe de la fiscal situaba a estos dos ex altos cargos públicos de la Generalitat y a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación, como «ideólogos» de la trama que propició el saqueo de la planta. Sólo ellos tenían los instrumentos necesarios para consentir estas actuaciones. Esta investigación de la fiscalía al respecto se encuentra todavía en una fase embrionaria y todavía no se ha acordado ninguna diligencia encaminada a aclarar estos hechos.
La investigación de la depuradora de Pinedo continuó ayer en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Fue el segundo día de declaración de José Luis Sena, administrador de la empresa de lodos Notec, que siguió contestando a las preguntas de su letrado. A la salida evitó la presencia de los periodistas.
La declaración de Sena
En su declaración relató los pormenores de la ya famosa planta de secado solar que nunca llegó a materializarse. «Emarsa nos comunica por escrito en octubre de 2009 que da por suspendida la ejecución de proyecto aduciendo que no habían podido obtenerse los permisos necesarios para la reclasificación de los terrenos por parte del ayuntamiento». Esta razón, según se desprende de su relato, le pareció una excusa.
Posteriormente, ante la amenaza de que Notec llevara a los tribunales a Emarsa por el incumplimiento del contrato se habló de montar la instalación en Requena. Sena, al parecer, conoció de los problemas de la planta a través de la prensa.
«Nos enteramos de que se había encargado la gestión de la depuradora a una UTE participada por Aguas de Valencia y SAV que quizás por casualidad eran los mismos que gestionaban la mayoría de las de la Comunitat». Y es en este punto cuando el imputado insinúa que Roca, el único fugado desde que comenzó la investigación y que se encuentra en paradero desconocido, «tenía más información que nosotros o que en Emarsa sabían lo que iba a pasar y nadie nos advirtió».
En esa misma línea, todavía da un paso más al frente en su declaración. «Nos dio la impresión de que alguien ya sabía que esa planta se iba a privatizar y que probablemente tenía ya destinatario y nuestro contrato podía afectar y molestar». El administrador de Notec todavía tendrá que pasar por el juzgado para responder al magistrado y fiscal.
